¿Qué es una SPAC? Aspectos básicos para considerar

10 octubre, 2021

Por DLA Piper, 14 de octubre, 2021 Publicado originalmente en inglés el 15 de Julio en el Blog Latam Law. Por: Nicolas Teijeiro | Jorge Timmermann | Stephen P. Alicanti El 2020 fue un año récord para las “special purpose acquisition companies” (“SPACs” por sus siglas en inglés): más de 248 SPACs completaron sus procesos de oferta pública inicial (initial public offerings – IPOs) en Estados Unidos, recaudando más de US$83.400 millones, en comparación a los 59 procesos de oferta pública inicial de SPACs que levantaron US$13.600 millones durante el año 2019. Esta tendencia ha continuado durante este año y la actividad de las SPACs se ha disparado en el primer trimestre. Al 31 de marzo de 2021, las ofertas públicas iniciales de SPACs ya habían recaudado más de US$127.000 millones, cifra que supera con creces todo lo levantado durante el 2020. Para las compañías latinoamericanas, una fusión con una SPAC puede ser una atractiva alternativa a una IPO tradicional. ¿Qué es una SPAC? Una SPAC es un vehículo de inversión o “shell company” constituido por uno o más patrocinadores (sponsors) para levantar capital mediante una IPO, con el propósito de efectuar una fusión con una empresa operativa privada que se selecciona luego de la IPO de la SPAC (en una transacción conocida como “de-SPAC”). Las IPO de las SPACs se estructuran típicamente como ofertas de unidades compuestas por acciones y warrants. Todos los ingresos de la IPO de una SPAC se depositan en una cuenta fiduciaria. La mayoría de las SPACs deben completar una operación de “de-SPAC” dentro de cierto período de tiempo, habitualmente entre 18 y 24 meses después de la IPO. Como resultado de la operación de “de-SPAC”, la compañía objetivo (target) se convierte en pública. Si la SPAC no cierra la operación de “de-SPAC” dentro del plazo requerido (incluida cualquier prórroga), la SPAC debe recomprar las acciones de los inversionistas a prorrata de los fondos disponibles en la cuenta fiduciaria, y todos los warrants de la SPAC expirarán sin valor. Quienes inviertan en la SPAC tienen derecho a que sus acciones sean les sean recompradas al momento de la “de-SPAC”. Ventajas de las SPACs  Al tratarse de una alternativa a una IPO, la operación de “de-SPAC” puede proporcionar a la compañía objetivo (target) el beneficio de tener certeza respecto del precio de las acciones, ya que las negociaciones se realizan directamente con los patrocinadores (sponsors) de la SPAC y no se basan en potenciales volatilidades del mercado. Asumiendo que haya limitadas recompras a los inversionistas, una operación “de-SPAC” puede ofrecer una cantidad significativa de dinero en efectivo para impulsar el crecimiento de la compañía objetivo (target) o permitir el “exit” de los vendedores. Adicionalmente, las operaciones de “de-SPAC” pueden ejecutarse en un período de tiempo más breve que las IPO tradicionales. Escrutinio de la SEC  Recientemente en Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha planteado ciertas preocupaciones sobre determinadas prácticas de divulgación de las SPACs, incluyendo algunas relativas a conflictos de intereses y el empleo de proyecciones (con su riesgo de responsabilidad asociado), también ha cuestionado el tratamiento contable, previamente aceptado, de los warrants de las SPAC. Así, es esperable […]

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Compliance y Libre Competencia: Tareas pendientes. Por: Sofía O´Ryan

25 agosto, 2021

En junio pasado conocimos los resultados de una encuesta de la Red Procompetencia en la que expertos de libre competencia evalúan los resultados del enforcement en Chile, dando cuenta de importantes espacios de mejora, particularmente en lo que se refiere a conductas unilaterales. No es ningún secreto que hasta la fecha los esfuerzos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) han estado focalizados en la persecución de carteles, decisión difícil de cuestionar considerando el costo del enforcement, la limitación de recursos disponibles para esos efectos y los graves perjuicios que acarrea la colusión. Pero lo cierto es que el enforcement no es la única herramienta que disponemos en la búsqueda por alcanzar los beneficios que genera la libre competencia en los mercados. Tal y como reconoce la propia FNE en su “Guía de Programas de Cumplimiento” del año 2012: “Los Programas son un mecanismo eficiente y efectivo de prevención, de detección y de control de daños, ya que brindan pautas internas acerca de las correctas formas de reacción, permitiendo así la no ocurrencia o la reducción de los efectos negativos del actuar anticompetitivo tanto para la empresa como para la sociedad”. Dicha declaración efectuada hace casi 10 años por la FNE ha sido ratificada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en diversos fallos en los que incluso ha impuesto la implementación obligatoria de estos programas por parte de determinadas compañías. Sin embargo, y habiendo transcurrido poco más de un año desde el fallo de la Corte Suprema en el caso de la FNE contra Cencosud S.A. y otras, cabe preguntarse si existen suficientes incentivos para la implementación voluntaria de estos programas por parte de los agentes económicos. Ello, considerando especialmente que junto con declarar que la mera existencia de un programa de compliance no puede ser eximente de responsabilidad (revirtiendo lo señalado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia), la sentencia de la Corte Suprema presume la insuficiencia de un programa de cumplimiento por la materialización –aunque en el caso particular, extendida en el tiempo– del ilícito anticompetitivo, lo que podría traducirse en desconocer que toda actividad humana conlleva riesgos, riesgos que un programa de compliance busca precisamente mitigar, pero no siempre es capaz de eliminar. Lo anterior da cuenta que, en el panorama actual, una compañía no podría eximirse de responsabilidad por el hecho de contar con un programa de compliance aunque cumpliese los requisitos delineados por la FNE, con la excepción de aquellos casos en que acceda a los beneficios de la delación compensada, restringida a carteles. Y que, para atenuar su responsabilidad, debe cumplir una serie de elementos que, aunque han sido descritos en la mencionada Guía, quedan a la discrecionalidad de la autoridad –según menciona el propio Tribunal en su fallo– y sólo son evaluados con ocasión de una infracción que paradójicamente podría revelar su insuficiencia, más allá de permitir alcanzar, en el mejor de los casos, un acuerdo extrajudicial con la FNE. Así, la única alternativa disponible para las compañías interesadas en contar con un pronunciamiento ex ante de la autoridad, sería, por tanto, recurrir al proceso no contencioso ante […]

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Global M&A Intelligence Report 2021

8 julio, 2021

Informe preparado por DLA Piper. Dercárguelo aquí.

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Chile: Drafting arbitration clauses in international contracts – practical aspects. Por Macarena Iturra

26 octubre, 2020

Americas Arbitration Roundup 26 October 2020 / By: Macarena Iturra Given the dynamism of international trade, international arbitration is an important option for parties to international contracts in search of a neutral forum. As a consequence, arbitration has expanded considerably in recent years in Chile and throughout the region. Consistent with this trend, various laws have been enacted in Chile with a view to strengthening international arbitration. In this article, we will analyze various practical aspects to consider when drafting arbitration clauses in international contracts, from the perspective of Chilean law and in light of recent developments in the country. Key considerations when drafting an arbitration clause Numerous factors should be considered when drafting an arbitration agreement. As a general matter, a simpler agreement may help avoid misunderstandings that could impede an arbitration. Here, we consider the elements of a clause that must be included to be enforceable under Chilean law. First, the clause must be clear that arbitration is exclusive and mandatory. If it fails to clearly require both elements, it may leave open the possibility of seeking recourse to the courts. Second, the clause must be clear regarding its scope. Certain additional elements are not essential, but may be desirable under some circumstances to ensure a more efficient proceeding. These include the number of arbitrators who will resolve the conflict, the language of arbitration, and the law applicable to the merits. Though these are not essential under Chilean law to ensure that the arbitration clause is enforceable, they merit consideration and have also been addressed by Chilean law. Composition of the Tribunal The parties should indicate the number of arbitrators that will resolve the conflict and normally the arbitral tribunal will consist of one or three arbitrators. Factors that may be considered when making this decision may include the amount in dispute, costs of the proceeding, etc. Law No. 19,971 establishes that if the parties do not indicate the number of arbitrators, there will be three. By comparison, the ICC rules provide that if the parties do not indicate the number of arbitrators, the court will appoint a single arbitrator unless it considers that the dispute justifies the appointment of three arbitrators. Regarding the appointment of arbitrators, if there is no agreement between the parties, then Law 19.971 establishes that in arbitrations with three arbitrators, each party will appoint one arbitrator and the two party-appointed arbitrators will appoint the third arbitrator. It is also established that in the event that a party does not appoint the arbitrator within a certain period or if the arbitrators do not agree on the appointment of the third arbitrator, the appointment will be made by the president of the respective court of appeals. In the case of arbitrations with a single arbitrator, the arbitrator may also be designated by the president of the respective court of appeals. Importantly, Chilean law establishes that nationality is not an obstacle to serve as an arbitrator. Seat of arbitration From a legal standpoint, the seat is the place where the arbitration is carried out, though this does not mean that the proceeding must physically take place […]

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Aumento de la penalidad del delito sancionado en el Art. 318 del Código Penal contra la Salud Pública

20 junio, 2020

20 de Junio, 2020 / Por Ignacio Schwerter El día 20 de Junio de 2020 fue publicada en el Diario Oficial, la Ley que modifica el Código Penal para sancionar de forma más severa la inobservancia del aislamiento u otra medida preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia, a través del aumento de la penalidad de la conducta sancionada en el actual artículo 318 e incorporación de una agravante específica a éste, y de la creación de nuevos tipos penales mediante la adición de los artículos 318 bis y 318 ter al mismo cuerpo legal. Asimismo, y como viene siendo tendencia legislativa, el tipo penal del artículo 318 ter nuevo se incorpora mediante esta Ley dentro de aquellos ilícitos que permiten atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica en los términos de la Ley N° 20.393. Pues bien, esta Ley contempla, en general, el aumento de las penas del delito de poner el peligro la salud pública por infracciones de las reglas higiénicas o de salubridad impuestas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, sancionado en el artículo 318 del Código Penal. En específico, aumenta la pena de este delito de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado mínimo a medio y se aumenta la multa asociada elevando el tramo superior de 20 a 200 unidades tributarias mensuales. Asimismo, incorpora una agravante específica para este delito, constituida por su comisión mediante convocatorias a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. Esta Ley incorpora también al Código Penal delitos a través de los nuevos artículos 318 bis y 318 ter. Estos nuevos ilícitos son: Artículo 318 bis. El que, en tiempo de pandemia, epidemia o contagio, genere, a sabiendas, riesgo de propagación de agentes patológicos con infracción de una orden de la autoridad sanitaria, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, y multa de veinticinco a doscientas cincuenta unidades tributarias mensuales. Artículo 318 ter. El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar de desempeño de sus labores cuando éste sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir. Como se puede advertir, incumplir medidas como la cuarenta obligatoria que rige hoy en diversas comunas del país, será sancionado de forma más severa. No sólo a través de aumento de penalidad de las conductas ya existentes, sino que mediante la incorporación de nuevos delitos y la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica por hechos cometidos por su plana ejecutiva de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 318 ter en relación a la Ley N° 20.393.

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Actualización a la guía de evaluación a los programas de cumplimiento corporativo del departamento de justicia americano y el caso chileno

15 junio, 2020

12 de Junio, 2020 / Por Ignacio Schwerter A comienzos del mes de junio, el Departamento de Justicia Americano (DOJ) actualizó la Guía de Evaluación a los Programas de Cumplimiento Corporativo (la “Guía”), incluyendo en ésta nuevos criterios u orientaciones sobre la forma en como los fiscales deben evaluar éstos en el contexto de una investigación criminal. La solidez del Programa de Cumplimiento de una empresa es uno de los factores clave a analizar por un fiscal al momento de decidir cómo continuar adelante con un caso penal en contra de ésta. Pues bien, la reciente actualización a la Guía, contempla precisamente un perfeccionamiento de la perspectiva del DOJ sobre lo que constituye un Programa de Cumplimiento efectivo. En Chile, como ya explicaremos, estas incorporaciones deben adoptarse como criterios orientadores por parte de las empresas al momento de implementar sus propios Programas de Cumplimiento. La actualización efectuada a la Guía por parte del DOJ apunta a tres aspectos centrales: Deja en claro que no existe un Programa de Cumplimiento único o de formato tipo. El DOJ, hasta ahora, había evaluado la eficacia de los Programas de Cumplimiento corporativo bajo tres preguntas directas: ¿si este se encuentra bien diseñado?; ¿si este se encuentra efectivamente implementado?; y ¿si este funciona en la práctica? La nueva actualización sugiere una revisión a la eficacia de la implementación del mismo, dándole una mayor consideración al proceso en sí, esto es, a si el programa está adecuadamente dotado de recursos y capacitado para funcionar de forma efectiva. De este modo, el DOJ, sugiere a la fiscales considerar en su análisis el por qué la empresa ha escogido ése Programa de Cumplimiento y cuáles han sido las razones de las decisiones adoptadas por la empresa en base a él. Ello implica que el fiscal deba discernir sobre el por qué una empresa adoptó esa forma de Programa de Cumplimiento y no un modelo tipo u otro, permitiendo con ello mayor flexibilidad a las empresas en la elección de un modelo propio que se adapte adecuadamente a su negocio según, por ejemplo, el tamaño de la empresa, la industria en la que se desenvuelva, la regulación específica y otros factores, tanto internos como externos. Los Programas de Cumplimiento corporativo deber ser dinámicos. Éstos deben evolucionar. Claramente un Programa de Cumplimiento estático será mirado con recelo por el fiscal a cargo de la investigación. Tanto es así que el DOJ ha instruido a los fiscales evaluar los Programas de Cumplimiento corporativo existentes tanto al momento de cometerse la infracción al mismo como al momento de la decisión y resolución de la acusación. Será entonces responsabilidad de la empresa investigada el monitorear, rastrear y probar continuamente en la investigación las diversas actualizaciones y diversos componentes de su Programa de Cumplimiento. En el mismo sentido, el DOJ ha instruido a los fiscales evaluar si los canales de denuncia establecidos por la compañía son dinámicos. Para lo anterior el fiscal evaluará si la empresa revisa periódicamente la eficacia de sus canales de denuncia y si ha adoptado medidas para comprobar si los empleados conocen éstos y si se sienten cómodos utilizándolos. Un […]

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Transactional Impact Monitor – Special Report (TTR)

9 junio, 2020

Les dejamos una interesante entrevista sobre la realidad de M&A en Chile y el mundo en estos momentos de crisis realizada por el equipo de Transactional Track Record (TTR) en su edición especial de la región andina a Paulo Larrain, co-head a cargo del área de M&A de DLA Piper Chile. Transactional Impact Monitor – Special Report

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