Alerta Regulatoria: FNE publica estudio de mercado sobre compras públicas

05 de noviembre, 2020 | Por Felipe Bahamondez, Sofía O´Ryan y Macarena Alliende.

La FNE publicó el Informe Final sobre el Estudio de Mercado de Compras Públicas, en el que analiza las condiciones de competencia en las compras realizadas a través de ChileCompra (reguladas por la Ley Nº 19.886), reiterando la necesidad de realizar una reforma estructural en dicho mercado. Para ello realizó una serie de recomendaciones, las que fueron enviadas el miércoles 4 de noviembre al Ministerio de Hacienda.

En cuanto a sus hallazgos fundamentales, la FNE identificó una deficiencia en la planificación y presupuesto en la compra anual de los organismos públicos, razón por la cual recomendó otorgar facultades regulatorias a ChileCompra y ampliar las del Tribunal de Contratación Pública. Adicionalmente, propuso avanzar en la digitalización, fiscalización y modificar las sanciones existentes en el proceso de compras.

En cuanto al funcionamiento y rendimiento competitivo de ChileCompra, el estudio se enfocó en analizar los tres principales mecanismos para seleccionar proveedores del Estado:

  1. Licitaciones públicas: la Fiscalía destacó la baja participación de oferentes en las licitaciones debido a la falta de una adecuada planificación, ya que un 20% de las bases de licitación contendrían limitantes a la competencia. Para mejorar los procesos de licitaciones, la FNE propuso analizar cuidadosamente las necesidades y la delimitación de mercados, estandarizar aspectos administrativos, y optar por aumentar los tiempos y tamaños de los contratos, para maximizar el número de participantes.
  2. Convenios marco: la FNE identificó una ausencia de “competencia por la cancha” y de reglas internas de asignación de proveedores. Para mejorar este mecanismo, la FNE sugiere asegurar la competencia por la cancha junto con tener reglas de asignación de proveedores basadas en variables competitivas, además de mejorar la delimitación de los mercados.
  3. Trato directo: el estudio arrojó que en gran parte de los casos no se cumplieron los estándares regulatorios para justificar el uso de este mecanismo, por lo cual se recomendó incrementar la fiscalización y revisar el diseño y existencia de algunas causales que habilitan su uso.

Adicionalmente, la FNE identificó un potencial ahorro administrativo si se contaran con reglas de contratación óptima, y posibles incentivos a participar en los procesos si se mejorara su gestión.

Producto de las recomendaciones, la FNE estima que el Estado podría ahorrar entre USD 290 millones a 855 millones al año, a la vez de que se aumentaría la competencia, eficiencia y transparencia del proceso de compra.

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