Alerta Legal Covid-19: Reglamento sobre condiciones de seguridad y salud aplicables al trabajo a distancia o teletrabajo

6 July, 2020

06 de Julio, 2020 / Por Luis Parada, Juan Pablo Mesías y Alfonso Bustamante. Con fecha 3 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento que establece “Condiciones Específicas de Seguridad y Salud en el Trabajo” (el “Reglamento”), aplicables a los trabajadores dependientes que presten sus servicios en la modalidad de “Teletrabajo” o “Trabajo a Distancia” de acuerdo a las nuevas disposiciones sobre la materia incorporadas al Código del Trabajo. El Reglamento establece una serie de obligaciones para los empleadores, cuyos aspectos más relevantes se describen a continuación: Deber del Empleador de gestionar los riesgos laborales que se encuentren presentes en el domicilio del (la) trabajador (a) o en el lugar donde se realizará el Teletrabajo o Trabajo a Distancia. Prohibición para el (la) trabajador (a) de exponerse con ocasión de su trabajo, éste (a), su familia o terceros, a sustancias peligrosas o altamente nocivas para la salud calificadas de esta forma por la normativa vigente. Obligación para el empleador de confeccionar una “matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos” (la “Matriz”), la que deberá ser revisada al menos anualmente, pudiendo para ello requerirse la asesoría técnica del organismo administrador de la ley Nº 16.744 (“Mutualidades”). La Matriz deberá incluir la evaluación de riesgos sicosociales. Para la preparación de la Matriz el Reglamento establece que las Mutualidades deberán poner a disposición de los empleadores un documento denominado “instrumento de autoevaluación de riesgos”. Dicho instrumento deberá ser entregado a su vez por el empleador a sus trabajadores una vez iniciado el trabajo a distancia o teletrabajo, quienes deberán llenarlo y devolverlo al empleador en el plazo señalado en el Reglamento. El empleador deberá desarrollar un “Programa de Trabajo” que contenga las medidas preventivas y correctivas a implementar (ej. eliminación y/o mitigación de riesgos), así como medidas de promoción de uso de implementos de protección y prevención de tales riesgos. Implementación del “Derecho a Saber” para trabajadores en Teletrabajo o Trabajo a Distancia. Capacitación Obligatoria: Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores (presencial o remotamente) al menos cada dos años sobre las principales medidas de seguridad y salud a considerar. Se establece la obligación de proporcionar los equipos y elementos de protección personal que sean adecuados al riesgo que se trata mitigar o controlar, no pudiendo en caso alguno cobrarse a los trabajadores su valor. Otras obligaciones: Realización de evaluaciones anuales y disposición de medidas de control y vigilancia, a ejecutarse a través de inspecciones presenciales del lugar de trabajo o en forma remota. El Reglamento comenzará a regir transcurridos 90 días desde su publicación, es decir a partir del 1 de septiembre de 2020 quedando su fiscalización a cargo de la Dirección del Trabajo. Contactos Para más información, por favor contactar a: Luis Parada Socio – Laboral lparada@dlapiper.cl Juan Pablo Mesías Counsel – Laboral jpmesias@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal […]

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Alerta Legal Covid-19: CMF exime temporalmente a emisores de valores de oferta pública de la obligación de presentar ciertos antecedentes requeridos por la NCG 30

19 June, 2020

19 de Junio, 2020 / Por Diego Noguera, Matías Zegers, Manola Quiroz y M. del Pilar Paredes El pasado 15 de junio la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) emitió la Norma de Carácter General N° 443 (“NCG 443”) que exime, temporalmente, a los emisores de valores de oferta pública de presentar ciertos antecedentes en las solicitudes de inscripción de emisión de bonos, efectos de comercio y títulos de deuda de securitización requeridos por la Norma de Carácter General N° 30 (“NCG 30”) y que modifica, permanentemente, esta última. I. Exención temporal de presentar ciertos documentos en las solicitudes de inscripción de valores de oferta pública: En el contexto de la crisis económica que vive el país derivada de la pandemia del coronavirus, la CMF viene a flexibilizar hasta el 30 de junio de 2021 el proceso de inscripción de valores de oferta pública, permitiendo a los emisores de valores no presentar en las solicitudes de inscripción cierta documentación requerida por la NCG 30, incluyendo, entre otros, los siguientes: A. Para el caso de emisiones de bonos o efectos de comercio: (i) el prospecto informativo; (ii) los antecedentes referidos a la opción de suscripción preferente de acciones, cuando corresponda (copia de los avisos y comunicación a los accionistas que informarán la opción preferente de suscripción; y certificados de las bolsas de valores que respalden la información sobre las transacciones de acciones que se hubieren utilizado en los citados avisos y comunicaciones); (iii) el documento emitido por la bolsa de valores correspondiente en que se informe el código nemotécnico de cada uno de los valores que serán colocados. B. Para el caso de modificaciones a los contratos de emisión de bonos o modificación de líneas de efectos de comercio: (i) hojas del prospecto modificadas; y (ii) cualquier  otro antecedente modificado. Adicionalmente, se exime al emisor de presentar la documentación en duplicado. En esta materia, se hace presente que estas eximentes son facultativas del emisor; por lo que si no hace uso de la misma, deberán cumplir al efecto con los plazos y formalidades que dispone la NCG 30. II. Modificaciones a la NCG 30: Adicionalmente, la NCG 443 introduce cambios permanentes a la NCG 30, comenzando a regir el 15 de junio del presente año. Entre las principales modificaciones se encuentran las siguientes: (i) en el proceso de inscripción de emisores de valores de oferta pública en el Registro de Valores de la CMF (Sección I), se reemplazó el requerimiento a la entidad que se inscribe de presentar estados financieros auditados cuando los que presente tengan una antigüedad mayor a 90 días a la fecha de solicitud de inscripción, por estados financieros consolidados o individuales según corresponda, con cierre al trimestre más reciente, suscritos por el directorio de la entidad; (ii) en el proceso de inscripción de emisión de acciones (Sección III), se disminuyen los antecedentes que se deben acompañar o presentar para la inscripción en el Registro de Valores en caso de un aumento de capital; y (iii) en el proceso de emisión de bonos, inscripción en el registro de valores, difusión y publicidad de dichas emisiones e información continua (Sección […]

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Alerta Legal: Ley de Portabilidad Financiera

9 June, 2020

9 de Junio, 2020 / Por Mauricio Halpern, Roberta Andreani y Vicente Vergara Con fecha 9 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.236 que tiene por objeto promover y facilitar la portabilidad financiera a personas naturales, y a micro y pequeñas empresas. Para esto, la Ley considera la portabilidad como un derecho irrenunciable de los clientes, y dispone principalmente tres mecanismos: 1. Se contemplan dos tipos de portabilidad financiera. La primera se denomina “Portabilidad sin Subrogación”, que tiene por objeto contratar productos o servicios con un nuevo proveedor, y obtener el término de productos existentes que el cliente tenga con un proveedor inicial, extinguiéndose las garantías que los caucionan. El segundo tipo corresponde a la “Portabilidad con Subrogación” o “Subrogación Especial de Créditos”, por la cual un proveedor financiero pasará a ser, por el solo ministerio de la Ley, el beneficiario de las garantías vigentes que se encuentren asociadas a un producto, al momento de pagar al proveedor financiero inicial, para lo cual no será necesario alzar y constituir una nueva garantía, disminuyendo los plazos y costos que esto implica actualmente. 2. Estandarización, mediante un Reglamento que deberá dictarse, de la información que proporcionan los proveedores de servicios financieros respecto de sus productos, facilitando al cliente la comparación entre los mismos. Para lo anterior, la Ley hace referencia al (i) Certificado de Liquidación regulado en la Ley de Protección al Consumidor, que contiene información sobre los costos de sus productos vigentes, y crea y regula el contenido de las (ii) Ofertas de Portabilidad que contendrá información de los costos de los nuevos productos ofrecidos. 3. Adicionalmente la Ley regula el proceso de portabilidad, especificando las etapas, plazos, formalidades e información a entregar por cada uno de los involucrados, así como los intereses que se devengan durante dicho proceso y los cargos o derecho a que tienen derecho los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces. Sujetos de la Ley Esta ley se aplicará a proveedores de servicios financieros, entendiéndose por tales a todo banco, compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito o institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, siempre y cuando dicha institución tenga un giro relacionado con el otorgamiento de créditos, o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero. Por su parte la Ley considera cliente a las personas naturales o jurídicas que mantengan uno o más productos o servicios financieros, y que tengan la calidad de consumidor, o de micro o pequeña empresa. Procedimiento de Portabilidad a) Se inicia con la solicitud de portabilidad presentada por el cliente a un nuevo proveedor financiero. b) El nuevo proveedor deberá solicitar al proveedor inicial el certificado de liquidación, y el de pago del impuesto de timbres y estampillas. c) En caso que el nuevo proveedor decida perseverar en el proceso, deberá enviar al cliente una oferta de portabilidad. d) Con la aceptación de la oferta, el cliente otorga un mandato de término al nuevo proveedor respecto de los productos […]

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Alerta Legal: Ley que limita la responsabilidad para titulares de tarjetas por extravío, robo o fraude

1 June, 2020

1 de Mayo, 2020 / Por Paulo Larrain, Ricardo López, Ignacio Schwerter y Felipe Riedel Con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en el diario oficina la ley N° 21.234 (en adelante ‘‘la Ley’’), que modificó la ley N° 20.009, cambiando la denominación de esta última a “Establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude’’ y reemplazando los artículos 1° al 5° de la ley N° 20.009. En cuanto a las modificaciones introducidas por la Ley, se incluyen las siguientes: 1. Título I del ámbito de aplicación y reglas generales: Esta Ley regula el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar, en adelante conjuntamente, las “tarjetas de pago”, emitidas y operadas por entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y a la regulación del Banco Central de Chile. También regula el régimen de responsabilidad en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de pago emitidas y operadas por entidades no sujetas a la fiscalización y regulación de los organismos indicados, salvo disposición expresa en contrario. Asimismo, se aplicará a los fraudes en transacciones electrónicas. Para efectos de esta Ley, las tarjetas de pago y sistemas de transacciones electrónicas se designan en forma conjunta como “medios de pago”. Los titulares o usuarios de medios de pago, así como los titulares de otras cuentas o sistemas similares que permitan efectuar transacciones electrónicas (referidos como ‘‘usuarios’’) podrán limitar su responsabilidad en caso de hurto, robo, extravío o fraude, en la medida que se dé aviso oportuno al emisor. Por su parte, el emisor o prestador del servicio financiero (referidos en forma conjunta como ‘‘los emisores’’) debe proveer canales habilitados y gratuitos, disponible las 24 horas y de manera permanente, que permitan efectuar y registrar los avisos de los titulares, entregando un código de recepción e identificación. Una vez recibido el aviso, el emisor debe bloquear de manera inmediata el medio de pago para efectuar transacciones. Además, se debe enviar al titular comunicación que incluya el número, código de recepción o identificador de seguimiento, y la fecha y hora del aviso. Respecto de las operaciones realizadas con posterioridad al aviso: El emisor será responsable. Respecto de las operaciones realizadas con anterioridad al aviso: El usuario deberá reclamar al emisor, dentro del plazo de 30 días, aquellas operaciones respecto de las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento. El reclamo podrá incluir operaciones realizadas en los 120 días corridos anteriores a la fecha del aviso efectuado por el usuario. En relación a las operaciones no autorizadas, se considerará especialmente la circunstancia de que el emisor haya enviado una alerta de fraude al usuario, identificando operaciones sospechosas, y que exista constancia de su recepción por parte del usuario, conforme al contrato de prestación de servicios. En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que […]

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Alerta Legal Covid-19: Ley Corta que modifica la Ley de Protección al Empleo

1 June, 2020

1 de Mayo, 2020 / Por Luis Parada y Alfonso Bustamante Informamos que con fecha 1° de junio de 2020, fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.232 (en adelante la «Ley Corta»), que modifica la Ley 21.227 de Protección al Empleo (en adelante «LPE»). Presentamos a continuación los cambios más relevantes de esta nueva ley. 1. Se modifica el régimen vigente de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores con contratos suspendidos (de pleno derecho o por mutuo acuerdo de las partes), actualmente calculados al 50% del valor de la última remuneración, por el siguiente: a) Por concepto de cotizaciones para vejez, comisión de AFP y Seguro de Invalidez y Sobrevivencia : Las cotizaciones que debe pagar el empleador, se calcularán al 100% del monto de las prestaciones de cesantía que otorga la LPE. b) Cotizaciones de salud y otras de Seguridad Social: Se debe considerar la última remuneración mensual percibida, esto, sin perjuicio de los topes imponibles vigentes. c) Se establece que el pago de cotizaciones bajo esta nueva forma de cálculo, rige de forma retroactiva, para todas aquellas personas con contratos suspendidos al amparo de la LPE, previo a la entrada en vigencia de la Ley Corta. 2. Término de contrato de trabajo durante la vigencia de la suspensión: a) Queda prohibido el despido por necesidades de la empresa y desahucio, mientras se mantenga vigente la suspensión legal o convencional de los contratos de trabajo. b) Sin perjuicio de lo anterior, a los trabajadores suspendidos les resultan aplicables las causales de término por mutuo acuerdo de las partes, renuncia voluntaria del trabajador, muerte del trabajador, vencimiento del plazo convenido y conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato (para contratos por obra o faena). c) Para los trabajadores no afectos a la ley, sí es posible aplicar causal de necesidades de la empresa y desahucio. d) Las indemnizaciones por término de contrato se deberán calcular en conformidad a la última remuneración mensual devengada. e) En caso de término del contrato de trabajo por aplicación de la causal de necesidades de la empresa, el empleador no podrá descontar de la indemnización por años de servicio, la parte del aporte del empleador al seguro de cesantía destinada al fondo de ahorro del trabajador. 3. Efectos en casos de suspensión de la relación laboral, por acto o declaración de autoridad o mutuo acuerdo de las partes; entrada en vigencia de los pactos de reducción de jornada y remuneración; y pensión alimenticia: a) Pueden acogerse a la ley, a través del pacto de suspensión de común acuerdo, trabajadores de empresas excluidas de paralización, cuyo trabajo no resulta necesario para la prestación de los servicios excluidos de la medida referida. b) En casos de suspensión de la relación laboral en virtud de un acuerdo entre empleador y trabajador, se incorpora una presunción de «afectación parcial de actividad», condición necesaria para la firma de estos estos pactos, consistente en que en el mes anterior a la suscripción del pacto de suspensión, los ingresos por ventas o servicios, sin considerar el IVA, hayan disminuido en al menos un 20%, en comparación al […]

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Alerta Legal: Decreto que introduce el comercio electrónico de medicamentos

8 May, 2020

8 de Mayo, 2020 / Por Paulo Larraín y Tomás Muñoz El día 7 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 58 de 2019, por parte del Ministerio de Salud (“MINSAL”). Esta norma viene a introducir el comercio electrónico de medicamentos y permite a las farmacias expender medicamentos a través de medios electrónicos, cumpliendo los requisitos establecidos para ello, mediante disposiciones que regulan la autorización de estas actividades, el despacho a domicilio, los requisitos que el comercio electrónico de estos productos requiere, la información que se debe entregar a los pacientes, la protección de datos y la publicidad permitida. Esta regulación se encuentra vigente desde el momento de su publicación. Respecto a las modificaciones del Decreto 466/1984 MINSAL (Reglamento de farmacias, droguerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados). Expendio de medicamentos por medios electrónicos: El Instituto de Salud Pública (“ISP”) deberá autorizar el expendio por medios electrónicos. Requisitos de autorización: Para que el ISP autorice el funcionamiento, se deberá contar por parte del solicitante: (i) con autorización de funcionamiento, (ii) con un sitio electrónico que sirva de soporte para la comercialización de medicamentos; y, (iii) con un servicio de entrega (directa o por tercero). Expendio según condición de venta: La condición de venta determina la necesidad de presentar receta médica o no. La venta directa no requerirá la exhibición de receta, mientras que la receta simple y la receta retenida deben ser exhibidas al momento de compra, de forma digital. Al momento del despacho, la receta será contrastada y retenida, de ser el caso. Medicamentos que requieren receta cheque no podrán expenderse por comercio electrónico. Dispensación de Medicamentos Bioequivalentes. El sitio deberá ofrecer alternativas para la compra de cualquier medicamento que deba demostrar su equivalencia terapéutica. Despacho. Deberá proteger los medicamentos vendidos de esta forma, deberán estar sellados y etiquetados, contando con cierta información básica (datos requirente y dirección, lugar de despacho e indicaciones de transporte). Asimismo, se debe asegurar que el producto no sufra alteraciones ni merma de calidad. Transporte podrá ser realizado por terceros, pero la responsabilidad será siempre del establecimiento autorizado para el expendio del medicamento. Devolución. Se deben informar condiciones de devolución de acuerdo a Ley de Protección al Consumidor. Información del Medicamento. Se regula de manera taxativa qué tipo de información se podrá incluir en la página que sirva de medio para la venta electrónica de medicamentos (por ejemplo, fotografía del producto, denominación común internacional, precio, entre otros). Al mismo tiempo, el sitio que comercialice los medicamentos deberá contar con información que promueva el uso racional de medicamentos y otras advertencias. Protección de Datos.  La receta, su contenido, análisis, exámenes de laboratorios clínicos y servicios prestados relacionados con la salud, serán reservados y considerados datos sensibles de acuerdo con Ley N° 19.628. Publicidad y presentación de los productos. Se mantienen las normas generales de acuerdo a lo dispuesto por el Código Sanitario y demás normas aplicables. Modificaciones al Decreto 405/1983 MINSAL (Reglamento Psicotrópicos) y al Decreto 404/1983 MINSAL (Reglamento Estupefacientes). Se indica que la venta por medios electrónicos de medicamentos que requieren receta retenida estará regulada por el Título […]

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Alerta Legal Covid-19: Ley que aumenta el capital del fondo de garantía para pequeños y medianos empresarios (FOGAPE) y flexibiliza temporalmente sus requisitos

5 May, 2020

05 de Mayo, 2020 / Por Mauricio Halpern y Vicente Vergara Con fecha 24 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N° 21.229 (la “Ley”), que tiene como objetivo principal una capitalización de emergencia al FOGAPE y la flexibilización temporal de los requisitos para optar al financiamiento, hasta el 30 de abril de 2021. El FOGAPE, acrónimo de “Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios”, es un fondo administrado por Banco Estado, el cual administra recursos por medio de los cuales se dan garantías estatales a créditos otorgados por entidades bancarias. Las medidas principales que establece la Ley son las siguientes: Capitalizar el patrimonio del FOGAPE mediante un aporte fiscal de hasta $3.000.000.000 dólares de los Estados Unidos de América, el cual se podrá enterar en una o más transferencias hasta en un plazo máximo de 36 meses contados desde la entrada en vigencia de la Ley. Ampliar los beneficios del FOGAPE a empresas cuyas ventas netas anuales no excedan de 1.000.000 de UF, y a exportadores, bajo ciertas condiciones. Cabe destacar que, con anterioridad a la publicación de la Ley, sólo podían postular al FOGAPE empresas cuyas ventas netas anuales no excedieran las 600.000 UF. Establece porcentajes máximos a ser garantizados de acuerdo con el tamaño de la empresa: Tamaño empresas % Garantías Monto máximo a garantizar Ventas anuales Previo a la Ley Ley 21.229 Previo a la Ley Ley 21.229 Hasta UF 25.000 80% 85% UF 5.000 UF 6.250 UF 25.000 a UF 100.000 50% 80% UF 15.000 UF 25.000 UF 100.000 a UF 600.000 30% 70% UF 50.000 UF 150.000 UF 600.000 a UF 1.000.000 – 60% – UF 250.000 Los financiamientos que garantice el FOGAPE, cuando sean otorgados por instituciones que tengan acceso a financiamiento del Banco Central de Chile, deberán tener una tasa de interés anual y nominal que no exceda del equivalente a la Tasa de Política Monetaria (“TPM”) más un 3%. Si bien no se tiene información exacta respecto de la tasa de interés histórica cobrada en los créditos otorgados con garantías del FOGAPE, esta tasa sería significativamente menor. Para que un banco o institución financiera pueda otorgar financiamientos con la garantía estatal FOGAPE, la respectiva institución deberá disponer de derechos de garantía adjudicados vigentes. El Banco Central, en su calidad de administrador del Fondo, realiza periódicamente licitaciones para que las instituciones se incorporen o continúen operando con dicha garantía y se permita, por tanto, el acceso al financiamiento a las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, la Ley establece que los derechos adjudicados en licitaciones anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, así como aquellos fondos disponibles de licitaciones anteriores a la vigencia de ésta, se mantendrán vigentes para quienes se los hubieran adjudicado en dicha licitación, salvo que opten expresamente por desistirse de los derechos adjudicados, y optaren por las condiciones establecidas en la Ley. Transcurridos 30 días de la publicación de la Ley y hasta el mes de abril del año 2021, el Ministerio de Hacienda y el administrador del FOGAPE expondrán, mensualmente, ante las comisiones de Hacienda de cada Cámara, un informe […]

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Alerta Legal Covid-19: Obligación de uso de mascarillas y su infracción como fuente de delito de atentando contra la salud pública

20 April, 2020

20 de Abril, 2020 / Por Ignacio Schwerter Con fecha 17 de abril del año 2020 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 282 del Ministerio de Salud. Mediante ella, la autoridad dispuso el uso obligatorio de mascarillas en diversos lugares y por distintas circunstancias. Al efecto, se dispuso el uso obligatorio de mascarillas: 1. Para todas las personas que utilicen el transporte público o el transporte privado sujeto a pago. Misma obligación rige para aquellos que utilicen ascensores o funiculares, independiente del carácter público o privado de estos y de la cantidad de personas que los estén utilizando. Finalmente la misma medida rige para todos aquellos operadores de los diversos medios de transportes objetos de esta disposición, así como para aquellas personas que trabajan en ellos. 2. Para todas las personas en los lugares que a continuación se señalan, siempre que se encuentren 10 o más personas en un mismo espacio: a) Espacios cerrados en establecimientos de educación parvularia, básica, media y de educación superior. b) Espacios cerrados en aeropuertos y terrapuertos. c) Espacios cerrados en teatros, cines, discotecas, casinos de juego y recintos análogos. d) Espacios cerrados en supermercados, centros comerciales, hoteles, farmacias y demás establecimientos similares de libre acceso al público. e) Espacios cerrados en establecimientos de salud, públicos y privados. f) Espacios cerrados en aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen productos, medicamentos o alimentos. g) Espacios cerrados en lugares de trabajo. h) Galerías, tribunas y otras aposentadurías destinadas al público en los recintos deportivos, gimnasios o estadios. Se exceptúan lo dispuesto en este literal los deportistas mientras dure la práctica del deporte. i) Pubs, restoranes, cafeterías y lugares análogos, en sus espacios públicos o cerrados, para quienes atiendan o trabajen en ellos. J) Residencias de adultos mayores. Las medidas dispuestas en esta resolución comenzaron a regir a las 5:00 horas del 17 de abril de 2020 y tendrán el carácter de indefinido, hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. Finalmente es importante tener presente que las medidas recién descritas y su infracción será sancionada según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en el Código Penal, cuando corresponda, en este último caso como atentado contra la salud pública. El delito en cuestión sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, siendo sancionado el autor de la misma con una pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales. Contactos Para más información, por favor contactar a: Ignacio Schwerter Counsel ischwerter@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por […]

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Alerta Legal Covid-19: Medidas bancarias y de apoyo al crédito en el contexto del Coronavirus

16 April, 2020

16 de Abril, 2020 / Por Mauricio Halpern y Vicente Vergara Las tensiones financieras originadas a raíz de la emergencia sanitaria que vive el mundo y nuestro país, han motivado al Gobierno, en conjunto con el Banco Central (“BC”), la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), a implementar el “Plan Económico de Emergencia”, que busca entregar apoyo a los trabajadores, a las empresas y a las familias más vulnerables del país, y permitirá garantizar nuevos créditos por un monto de hasta US$ 24.000 millones y complementar la capitalización del Fondo de Garantías de Créditos (FOGAPE). Como parte del plan de contingencia, a la fecha se han adoptado y/o anunciado las siguientes medidas: Capitalización de Banco Estado: La Ley N° 21.225 aprobó una capitalización extraordinaria de BancoEstado por US$ 500 millones dentro de un plazo de 12 meses, lo que permitirá aumentar la capacidad para otorgar créditos por parte de la compañía estatal, llegando a cerca de US$ 4.400 millones. Medidas de la CMF: Con el objeto de resguardar la solvencia y liquidez de las instituciones fiscalizadas, la CMF, entre otras medidas, ha anunciado: Otorgar Facilidades de Pago en Créditos Hipotecarios: Para los deudores que se encontraban al día en sus obligaciones al momento de decretarse el estado de emergencia, se acordó permitir la recalendarización del pago de hasta 3 cuotas a fechas posteriores al vencimiento original del crédito, sin que sean tratadas como renegociaciones para la constitución de provisiones. Flexibilizar el Pago de Créditos de Consumo: Se permitirá el aumento de plazos en créditos de consumo en cuotas a PYMES y personas en hasta 6 meses, sin que ello sea considerado una renegociación para efectos de provisiones. Extender Plazo de Enajenación de Bienes Recibidos en Pago: Se extiende a 18 meses el plazo para que los bancos enajenen los bienes que reciban en pago de deudas vencidas, para evitar que tales bienes deban venderse a precios inferiores a los regulares en el mercado (Resolución N° 2432 de 25 de marzo) Medidas del Banco Central: Con fecha 8 de abril, el Banco Central de Chile anunció un paquete de medidas destinadas a entregar liquidez y apoyar el flujo de crédito, que tiene como pilar fundamental la disposición de líneas de créditos para bancos con recursos e incentivos para que éstos continúen financiando y refinanciando créditos a hogares y empresas. Las referidas medidas son las siguientes: (i) Creación de Línea de Facilidad de Crédito Condicional al Incremento de las Colocaciones (“FCIC”): Consiste en una línea financiera especial destinada para las entidades bancarias que tengan colocaciones comerciales y/o de consumo, por un monto correspondiente al 3% de la cartera base. (ii) Creación de Línea de Crédito de Liquidez (“LCL”): Línea de crédito en pesos chilenos, cuyo límite corresponde al encaje promedio en pesos de cada entidad bancaria. El acceso y uso de la LCL estará sujeta a las mismas condiciones asociadas al incremento de las colocaciones establecidas para la FCIC. El monto inicial de las líneas FCIC y LCL equivale a US$ 4.800 millones. (iii) Creación de Línea de Crédito Adicional: El monto inicial de las líneas FCIC y LCL podrá aumentar, ya que el BC […]

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Alerta Legal Covid-19: Actualización sobre paralización de actividades y Ley de Protección al Empleo

8 April, 2020

8 de Abril, 2020 / Por Luis Parada Con fecha 8 de abril, se ha publicado en el Diario Oficial la primera resolución que establece zonas y territorios afectados por declaraciones de autoridad que implican paralización de actividades (Resolución 88 del Ministerio de Hacienda). Esto con la finalidad de que los trabajadores de las empresas que resultan afectadas y que no pueden cumplir con sus obligaciones laborales debido a la detención de actividades, puedan recibir las prestaciones del seguro de cesantía, conforme a lo indicado en la Ley 21.227, conocida como «Ley de Protección al Empleo». Esta resolución no crea nuevas restricciones sanitarias, sino que declara la referida paralización para aquellas zonas y territorios respecto de los cuales actualmente el Ministerio de Salud ha decretado medidas de aislamiento o cuarentena; suspensión, prohibición o cierre de actividades (ejemplo, actividades deportivas, cafés, cines, etc), y cordones sanitarios. Asimismo, la resolución determina aquellas industrias o actividades que deben considerarse excluidas de la paralización, a pesar de encontrarse en uno de los territorios actualmente con medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud. Estas incluyen a establecimientos y actividades de salud (hospitales, farmacias, veterinarios); emergencias; servicios de utilidad pública (electricidad, puertos y aeropuertos, distribuidoras de combustible, delivery, etc); alimentos y comercio esencial; transporte; seguridad y prensa entre otros. La duración de la paralización dependerá de cada zona, de acuerdo a la restricción en cada caso impuesta por el Ministerio de Salud. También la resolución es aplicable a aquellos trabajadores de casa particular que producto de las medidas sanitarias en vigor, no pueden prestar sus servicios. Contactos Para más información, por favor contactar a: Luis Parada Socio – Laboral lparada@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, sin el consentimiento previo de DLA Piper BAZ | NLD SpA. (c) DLA Piper BAZ | NLD SpA 2020.

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