Alerta Legal: Agencia Nacional de Ciberseguridad en Chile

7 junio, 2021

7 de junio, 2021 / Por Felipe Bahamondez y Pablo González. El día 01 de junio de 2021, durante la última Cuenta Pública Presidencial, el Presidente de la República anunció que enviará al Congreso Nacional un Proyecto de Ley (“PDL”) que crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad, para prevenir y combatir los delitos informáticos. Si bien aún no se conoce el contenido exacto de este futuro PDL, su anuncio constituye un avance respecto al estado actual de la materia. Según la información de los últimos días entregada por el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (“CSIRT”), el proyecto estaría en las revisiones finales y se espera que sea presentado en el mes de julio de 2021 y en el mismo se definiría cuáles son las empresas privadas y organismos públicos que forman parte de la infraestructura crítica digital y de la información del país. Asimismo se establecería al CSIRT como un ente coordinador y de colaboración en esta materia. El anuncio es de la mayor importancia, especialmente considerando los eventos del último tiempo, como es el caso del ataque de ransomware a Colonial Pipeline (07 de mayo de 2021), la compañía de oleoducto de mayor importancia en Estados Unidos o del ataque ransomware a JBS (30 de mayo de 2021), la mayor procesadora de carne a nivel mundial, que duró al menos 3 días y que obligó a cerrar temporalmente varias de sus plantas en Estados Unidos, Canadá y Australia, afectando la cadena de suministros. Chile, por su parte, también ha sido objeto de ciberataques. Estudios indican que durante 2020 se habrían registrado más de 2,3 mil millones de intentos ciberataques en nuestro país, siendo el secuestro de datos el principal peligro informático de la actualidad. En este contexto, la gestión de ciberseguridad es gravitante en el desarrollo de los negocios y operaciones y en el resguardo de la seguridad de la información de entidades públicas y privadas, y cobra especial relevancia, no solo a nivel general, sino también en ciertos rubros específicos de la economía, tales son la minería, telecomunicaciones, energía, banca, empresas Fintech, entre otros. Sin embargo, pese a la importancia de esta materia (y considerando el aumento del uso de datos digitales como consecuencia de la pandemia Covid-19 y la implementación del teletrabajo), actualmente no existe una regulación marco, general e integral sobre ciberseguridad en Chile, salvo por el establecimiento de ciertos delitos informáticos y algunas disposiciones para los órganos de la Administración del Estado. En efecto, aun cuando se han implementado políticas públicas, tales como la Política Nacional de Ciberseguridad, lo cierto es que los intentos de contar con una legislación robusta, hasta ahora, no han sido fructíferos, siendo los principales pendientes: La presentación del PDL de Ley Marco de Ciberseguridad, que si bien forma parte de la agenda legislativa del Ejecutivo, a la fecha no se ha presentado. El avance del PDL que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la Ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25), que actualmente se encuentra en Tercer Trámite Constitucional en el Congreso. El avance del […]

Read more

Alerta Legal: Extensión beneficios y prestaciones Ley de Protección al Empleo

2 junio, 2021

2 de junio, 2021 / Por Luis Parada e Ignacio Abogabir. Con fecha 2 de junio de 2021, se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo N° 930 de 2021, del Ministerio de Hacienda, el cual extiende la vigencia de los beneficios y prestaciones de la Ley de Protección al Empleo, y que, además, otorga derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los casos que indica. Conforme al mencionado decreto supremo, y a las leyes 21.227 (Ley de Protección del Empleo), 21.247 (Ley de Crianza Protegida) y 21.263 (Mejora y Extiende Beneficios de la Ley de Protección del Empleo), la vigencia actual de los beneficios y prestaciones de las mencionadas leyes, es el siguiente: 1. Hasta el 6 de septiembre de 2021: Se extiende la posibilidad de acceder a los beneficios y prestaciones del Seguro de Cesantía, en caso de suspensión de la relación laboral en virtud de un acto de autoridad que imposibilite la prestación de los servicios contratados o por acuerdo de las partes, conforme al Título I de la ley N° 21.227. Se autoriza a otorgar hasta un décimo octavo giro (18) con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, para los beneficiarios de sus prestaciones y cuya relación laboral se encuentre suspendida en virtud de un acto de autoridad que imposibilite la prestación de los servicios contratados. Se extiende, conforme a la Ley de Crianza Protegida, la posibilidad de suspender unilateralmente por parte de los padres, madres y cuidadores de sus contratos de trabajo, mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales al que asistirían sus hijos nacidos a partir del año 2013, por acto o declaración de la autoridad competente. Se hace presente que la posibilidad de solicitar la licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad COVID – 19, depende de la vigencia del Estado de Excepción de catástrofe, por calamidad pública, asociado a la pandemia causada por el virus del COVID-19, declarado por decreto supremo Nº 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y sus respectivas prórrogas. 2. Se mantiene hasta el 31 de julio de 2021 la posibilidad de suscribir pactos de reducción de jornada de trabajo. Contacto Para más información, por favor contactar a: Luis Parada Socio lparada@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, sin el consentimiento previo de DLA Piper BAZ | NLD SpA. (c) DLA Piper BAZ | NLD SpA 2021.

Read more

Alerta Legal: Protocolo de Seguridad Laboral Covid-19 y Seguro Individual Obligatorio

2 junio, 2021

2 de junio, 2021 / Por Luis Parada y Gabriela Andrade. Con fecha 1 de junio de 2021, se publicó la Ley N° 21.342, que establece Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral Covid-19 para un retorno gradual y seguro al trabajo, y un Seguro Individual Obligatorio de Salud asociado al Covid-19 (en adelante, la “Ley”). La Ley establece, principalmente, lo siguiente: o   Teletrabajo obligatorio: El empleador deberá implementar esta modalidad respecto de trabajadores que padezcan una condición grave de salud o tengan a su cuidado a un menor de edad o adulto mayor o haya sido beneficiario de la ley N° 21.247 (Ley de Crianza Protegida) o a personas con discapacidad. o   Plazo de implementación de teletrabajo: El empleador tendrá un plazo de 10 días de notificada la condición del trabajador. o   Imposibilidad de implementación de teletrabajo: Si la naturaleza de las funciones del trabajador no fueren compatibles con trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador, con acuerdo de éste y sin reducción de remuneración, lo destinará a labores que no requieran atención al público o en las que se evite el contacto permanente con terceros. o   Protocolo obligatorio de Covid-19: Los organismos administradores del seguro de accidentes del trabajo, deberán preparar protocolos de obligatoria implementación para las  empresas, previo al retorno a las labores o para continuar operando, respecto de aquellas empresas que estén en funcionamiento al entrar en vigencia la Ley. El plazo para preparar e implementar los protocolos, será de 10 días hábiles a contar de la fecha de publicación de la Ley. o   Prohibición de funcionamiento: Las empresas que no cuenten con el protocolo ordenado por la Ley no podrán retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial. En caso de encontrarse realizando actividades laborales presenciales, las empresas deberán confeccionar el referido protocolo y tomar las medidas previstas, teniendo un plazo de 10 días hábiles a contar de la fecha de publicación de la Ley. Las autoridades podrán clausurar aquellas empresas que no cuenten con protocolos. o   Contenido Protocolo Covid-19: Toma diaria de la temperatura. Testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimiento que determine la autoridad sanitaria. Medidas de distanciamiento físico seguro. Disponibilidad de agua y jabón, y dispensadores de alcohol gel. Medidas de sanitización periódicas. Elementos de protección personal para los trabajadores. Definición y control de aforo, y medidas de prevención de aglomeraciones. Definición de turnos, procurando horarios diferenciados de entrada y salida, para evitar aglomeraciones en transporte público de pasajeros. Otras medidas que disponga la autoridad sanitaria en uso de sus facultades reglamentarias. o   Licencias médicas por Covid-19: Durante la vigencia de la Ley, esto es, mientras se extienda la alerta sanitaria actual, las licencias médicas por Covid-19 devengarán subsidio desde el primer día, no siendo aplicable la distinción según si la licencia tiene una duración inferior o superior a 11 días. o   Seguro Individual Obligatorio de Salud por Covid-19: La Ley establece este seguro en favor de los trabajadores que presten servicios de manera presencial, total o parcial, para financiar o reembolsar el 100% de los gastos o copago de hospitalización y rehabilitación de cargo del trabajador, asociados a la […]

Read more

Alerta Legal: Ley N°21.340 prorroga Ley N°21.249 sobre medidas para usuarios finales de servicios básicos

26 mayo, 2021

26 de mayo, 2021 / Por Teresa Fernández y Bernardita Doren. La Ley N° 21.340, promulgada el día 13 de mayo de 2021 y publicada el día 22 de mayo de 2021, prorroga los efectos de la Ley N° 21.249, que prohíbe a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de distribución de gas de red, cortar el suministro por mora en el pago a determinados clientes; extendiendo el plazo de vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2021, y aumentándose además el número de cuotas en que se pueden prorratear las deudas contraídas con las referidas empresas, en hasta 48 cuotas. Para ver más sobre la Ley N° 21.249 cuya vigencia fue prorrogada, haga click aquí. Contactos Para más información, por favor contactar a: Teresa Fernández Counsel tfernandez@dlapiper.cl Bernardita Doren Asociada Senior bdoren@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, sin el consentimiento previo de DLA Piper BAZ | NLD SpA. (c) DLA Piper BAZ | NLD SpA 2021.

Read more

Alerta Legal: Nueva Guía e Instructivo de la FNE para Operaciones de Concentración

13 mayo, 2021

13 de mayo, 2021 / Por Felipe Bahamondez, Sofía O´Ryan y Macarena Alliende. Con el objetivo de actualizar y fortalecer el régimen de control de operaciones de concentración, la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) anunció ayer el lanzamiento de una nueva Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontales (“Guía”), que se someterá a consulta pública hasta el 11 de junio y de un instructivo sobre Pre-Notificaciones (“Instructivo”). La Guía viene a reemplazar la versión de 2012, incorporando modificaciones relativas al control previo obligatorio, avances en jurisprudencia y lineamientos específicos sobre mercados digitales y plataformas. En este sentido, algunos aspectos destacables de la nueva Guía, que la diferencian de su versión anterior son: Mercado Relevante y Sustituibilidad: se señala que solo definirá de forma precisa el mercado relevante cuando deban analizarse los efectos de una Operación en profundidad, lo que otorgará mayor celeridad a la revisión. En cuanto a la sustituibilidad, se incorpora referencia a indicadores económicos como el GUPPI (Gross Upward Pricing Pressure Index), así como consideraciones cualitativas. Joint Ventures: se entrega mayor certeza para su análisis, señalando un énfasis en los posibles riesgos coordinados que puedan surgir. Mercados Digitales y Plataformas: se entregan lineamientos sobre mercados de dos lados y los efectos de estos, destacando el tratamiento de variables como la privacidad de datos personales. Al mismo tiempo, se identifican ciertas características especiales de dichos mercados (e.g. efectos de red y tipping), y mecanismos que permiten el dinamismo, como lo es el multi-homing (uso simultáneo de apps). Por su parte, el Instructivo viene a reconocer y dar lineamientos sobre el proceso voluntario previo a la notificación, mediante el cual las empresas pueden contactarse con la División de Fusiones para plantear sus consultas y discutir sus dudas, de modo de evitar errores u omisiones, promoviendo la celeridad y eficacia en la revisión de las operaciones. En él se distinguen dos tipos de pre-notificaciones, que determinarán el procedimiento a seguir: (i) Pre-Notificación relativa a preguntas simples; y (ii) Pre-Notificación relativa a preguntas complejas y borradores de notificación. Respecto del procedimiento de este último -que se extenderá normalmente entre 5 y 10 días hábiles- se establecen ciertos requisitos que deben ser proporcionados por el consultante, como un resumen de la operación, las partes y actividades económicas, junto con la consulta especifica que se quiere resolver. Al finalizar, en los casos en que se haya consultado sobre la necesidad o procedencia de notificación de una determinada operación, la FNE otorgará una comunicación formal y por escrito descartando que determinado acto o contrato tiene la naturaleza de operación de concentración. Contacto Para más información, por favor contactar a: Felipe Bahamondez Socio fbahamondez@dlapiper.cl Sofía O´Ryan Counsel soryan@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, […]

Read more

Alerta Legal: Modernización de la Dirección del Trabajo

30 abril, 2021

30 de abril, 2021 / Por Luis Parada, Gabriela Andrade y Diego González Con fecha 30 de abril de 2021, se publicó la Ley N° 21.327, la cual busca modernizar la Dirección del Trabajo (“DT”), incorporando una serie de modificaciones al Código del Trabajo. La ley entrará en vigencia el día 1° de octubre de 2021. Dentro de las novedades más relevantes para las empresas, podemos destacar las siguientes: 1. Registro electrónico obligatorio de documentación laboral: se establece la obligatoriedad para las empresas de registrar en el sitio web de la DT los contratos de trabajo, así como las terminaciones del mismo. Tipo de Documento Plazo para Registrar Contratos de Trabajo 15 días siguientes a su celebración Copia de comunicación de terminación a) Dentro de los plazos establecidos para el envío de las copias de las comunicaciones de terminación de contrato a la Inspección del Trabajo, y; b) 10 días hábiles siguientes a la separación del trabajador en los casos de mutuo acuerdo, renuncia y muerte del trabajador. Contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y que se encuentren vigentes al momento del registro Deberán registrarse a más tardar el 30 de abril de 2022. Adicionalmente, por medio de un reglamento del Ministerio del Trabajo, que deberá ser implementado previo a la entrada en vigencia de la ley, se podrá requerir el registro en el sitio web referido, de cualquier otra información laboral o previsional necesaria para la fiscalización a las empresas. 2. Contrato de trabajo y notificaciones: el contrato deberá individualizar la dirección de correo electrónico de ambas partes, si la tuvieren. Asimismo, las comunicaciones y notificaciones entre la DT y sus usuarios se realizará preferentemente por correo electrónico, debiendo todo empleador mantener registrado en el sitio web de la DT una dirección de correo electrónico. 3. Proceso electrónico: la DT deberá disponer de un sistema electrónico para la tramitación y seguimiento de las denuncias, procesos de fiscalización, solicitudes de pronunciamiento y consultas que tengan los usuarios respecto de trámites o procesos en curso, de los cuales sean parte. 4. Pago de remuneración: se reconoce expresamente la posibilidad de pagar la remuneración del trabajador mediante transferencia electrónica a su cuenta bancaria. 5. Fiscalización: para estos efectos, la DT podrá acceder en forma electrónica a toda la documentación laboral y de seguridad social de los empleadores que conste en su sitio web (ver n°1 anterior). Asimismo, se establece que el proceso de fiscalización deberá observar ciertos principios, a saber: responsabilidad, gratuidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad administrativa, transparencia y publicidad. 6. Uso de la información: se faculta a la DT para utilizar la información disponible en el registro referido, tanto para el ejercicio de sus facultades legales propias, como también para fines estadísticos, de estudios y difusión. Además, la DT podrá proporcionar la información a la que tenga acceso a los tribunales de justicia, previo requerimiento. Finalmente, se establece que el uso de la información deberá realizarse guardando absoluta reserva y secreto por parte de los funcionarios que accedan a ésta. 7. Consulta pública: se establece la posibilidad de disponer en […]

Read more

Alerta Legal Oficio 850 del SII: Exención de Impuesto Adicional a Universidades reconocidas por el Estado

27 abril, 2021

27 de abril, 2021 / Por Rodrigo Álvarez, Germán Vargas y Felipe Baraona. Con fecha 1 de abril de 2021 el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) emitió el Oficio N°850 que se pronuncia sobre los requisitos y características de la exención de Impuesto Adicional (“IA”) contemplada en el artículo 234 de la Ley N° 16.840 que favorece a las universidades reconocidas por el Estado, tras la creciente utilización de los sistemas de clases “en línea”. En el actual contexto de emergencia sanitaria, resulta primordial un pronunciamiento que precise los requisitos y alcance de la exención para su correcta aplicación por parte de las instituciones beneficiadas. La Ley N° 21.210 modificó el artículo 234 de la Ley N° 16.840, que contempla una exención de IA en favor de las universidades reconocidas por el Estado, por las cantidades pagadas a personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país, en la medida que se cumplan los siguientes requisitos copulativos: a) Debe tratarse de cantidades pagadas o abonadas en cuenta por las universidades reconocidas por el Estado a personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país; b) Los pagos deben tener como causa la prestación de servicios técnicos; servicios profesionales o técnicos prestados a través de un consejo, informe o plano; congresos, conferencias o capacitaciones realizadas en Chile; y otras prestaciones similares (sin mediar un consejo, informe o plano); c) Los servicios descritos deben vincularse directamente con las actividades docentes que les son propias a las universidades. En este contexto, el Oficio N°850 emitido por el SII estableció lo siguiente: Los servicios de coordinación docente, ejecutivo de ventas, relatores de formato online y presencial, servicio de traducción, servicios de desarrollo y mantención informáticos, charlas, cursos, seminarios, estudios de investigación, constituyen actividades exentas del IA atendido que representan actividades profesionales, técnicas o similares a estas, vinculadas directamente con las actividades docentes de la universidad. Es necesario indicar que los trabajos o servicios técnicos no siempre requieren plasmarse a través de un consejo, informe o plano, en la medida que correspondan a “otras prestaciones similares” “directamente vinculadas” con las actividades docentes que les son propias. La exención aludida rige igualmente si el servicio se presta a través de herramientas tecnológicas o medios digitales, no obstante que tratándose concretamente de congresos, conferencias o capacitaciones, la ley expresamente exige que sean realizadas en Chile. Finalmente, cumpliendo los requisitos legales, lo expuesto no se altera si los servicios se prestan una vez concluidas las restricciones decretadas como consecuencia de la pandemia. Contactos Para más información, por favor contactar a: Rodrigo Álvarez Socio ralvarez@dlapiper.cl Germán Vargas Asociado gvargas@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, sin el consentimiento previo de DLA Piper BAZ | NLD SpA. […]

Read more

Alerta Legal: Ley N° 21.325: Nueva Ley de Migración y Extranjería

20 abril, 2021

20 de abril, 2021 / Por Luis Parada, Gabriela Andrade e Ignacio Abogabir. Con fecha 20 de abril de 2021, y después de ocho años de tramitación, se publicó en el Diario Oficial, la Nueva Ley de Migración y Extranjería (la “Nueva Ley de Migraciones”), la cual viene a reemplazar la actual legislación, que data del año 1975, y que se encontraba evidentemente superada por la realidad de la globalización y flujos migratorios, poniendo al día a la institucionalidad chilena en la materia. Sobre la misma podemos señalar lo siguiente: Aspectos generales: En términos generales, la Nueva Ley de Migraciones, fortalece la institucionalidad migratoria, modifica el procedimiento de obtención de permisos de residencia, e impone obligaciones al Estado en cuanto a dar mayor trazabilidad a la situación migratoria de los extranjeros durante las distintas etapas del proceso de obtención de visa. Se modernizan las categorías migratorias a las necesidades económicas y de desplazamiento global, como la que reconoce el permiso para trabajadores temporeros. Las visas de residencia deberán ser requeridas ante los consulados correspondientes, tramitándose desde el exterior, por lo que los extranjeros ingresarán al país con una categoría migratoria ya determinada. Con esto se restringe el actual sistema, que permite libremente la transición entre la calidad de turista y la de residente habilitado para el desarrollo de actividades remuneradas, figura que no permitía transparentar desde un inicio las intenciones de trabajar de la gran mayoría de personas que ingresaba como turista al país. Se establece que el Presidente de la República definirá una Política Nacional de Migración y Extranjería y se crea un Consejo de Política Migratoria. Se crea el Servicio Nacional de Migraciones (el “Servicio”), el que reemplazará al Departamento de Extranjería y Migración (“DEM”), el que estará a cargo de otorgar, prorrogar y revocar todos los permisos de residencia y permanencia, salvo en caso de residentes oficiales, lo que le corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se incorpora el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, indicándose que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que los tengan a su cuidado. Se refiere a la obligación del Estado de crear todas las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422 (sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad) puedan solicitar sus permisos de residencia. Se establece la prohibición imperativa de ingreso a los extranjeros que hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el extranjero, así como también respecto de aquellos individuos que ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior. Este constituye uno de los principales cambios de la nueva normativa en relación al sistema anterior, cuya prohibición de ingreso respecto de estas personas era facultativa para la autoridad. Los cambios en las categorías migratorias originados por la Nueva Ley de Migraciones, en ningún caso afectarán […]

Read more

Alerta Legal: Legalidad de examen PCR a trabajadores y riesgo de declaración de relación laboral por obtención de permiso único colectivo

7 abril, 2021

07 de abril, 2021 / Por Luis Parada, Gabriela Andrade y Diego González. Recientemente la Dirección del Trabajo (“DT”) se ha referido a la procedencia de requerir exámenes de PCR a los trabajadores de la empresa (por medio de los dictámenes N°s 1124/10 de 30 de marzo y 1189/011 de 1 de abril). En estos dictámenes la DT ha expresado su opinión en esta materia, indicando lo siguiente: Por regla general, resulta discriminatorio solicitar un examen de PCR con resultado negativo como condición previa para otorgar el trabajo convenido a toda clase de trabajadores, nuevos o antiguos, tanto para iniciar sus labores como para continuar desarrollándolas. Por el contrario, sí podría solicitarse un examen de PCR como requisito previo para otorgar el trabajo convenido, en la medida que se tuviere la sospecha de contacto del trabajador que requiera la concurrencia de este a un centro médico para realizar dicho examen, conforme a los criterios vigentes de las autoridades sanitarias. Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento del mandato de protección de la vida y salud de los trabajadores, la empresa puede requerir a su personal la toma de un examen de PCR (sin condicionar el otorgamiento del trabajo convenido), en la medida que este examen sea financiado por la compañía. Evidentemente, de ser el resultado positivo al virus, el trabajador deberá dejar de asistir a la empresa a prestar servicios y tendrá derecho a licencia médica y al subsidio que corresponda, por el plazo determinado de conformidad a los criterios sanitarios vigentes. Además, de requerirse el referido examen por el empleador, dicha medida deberá especificarse en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa. Como parte de la regulación que debe incorporarse en este documento, será preciso contemplar el mecanismo que asegure que esta medida se adoptará de forma impersonal, ya sea de manera universal o aleatoria, para evitar el peligro de una discriminación a través de esta vía. Quedan abiertas las interrogantes respecto de la licitud del condicionamiento del trabajo a la existencia de un PCR negativo, para labores que requieran la convivencia forzada de trabajadores (ejemplo, quienes pernoctan en campamentos) o bien, respecto de aquellos trabajadores que deben prestar directamente servicios a grupos de alto riesgo de sufrir la enfermedad del coronavirus, quienes aun habiendo sido ya inoculados con alguna vacuna, tienen un riesgo residual de contraerlo. Como se ha visto, estos dictámenes vienen en aclarar aspectos importantes de las facultades empresariales y requieren de la empresa actualizar su reglamento interno. Asimismo, es importante considerar en la aplicación de estas medidas, la conveniencia de llegar a acuerdos con trabajadores y sindicatos, cuando los exámenes deban llevarse a efecto fuera de horas de trabajo y/o en lugares diferentes del puesto habitual de trabajo. Por último, dentro de los recientes dictámenes emitidos por la DT, con fecha 1 de abril de 2021 por medio del dictamen N° 1190/012, se ha señalado que no resulta indiciario de la existencia de una relación laboral, el hecho que una empresa principal o usuaria solicite respecto de los trabajadores de una empresa contratista, subcontratista o de servicios transitorios, el correspondiente permiso […]

Read more

Alerta Legal: Nuevo Reglamento Procesal de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago

1 abril, 2021

01 de abril, 2020 / Por Macarena Iturra y Vesna Torrens. Con fecha 1° de abril del presente año, entra en vigencia el nuevo Reglamento Procesal de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Mediación (“CAM”) de la Cámara de Comercio de Santiago, el cual deberá aplicarse cuando las partes, a través de un acuerdo de arbitraje, hayan convenido someter una o más controversias bajo las normas del CAM, sea que se utilice expresamente esta denominación u otra de semejante significado. Los arbitrajes que se hubieren pactado en contratos o cláusulas arbitrales suscritas con anterioridad al 1° de abril del presente año, se regirán por el Reglamento Procesal de Arbitraje Vigente al momento de su otorgamiento, sin perjuicio de que las partes, en la primera audiencia que cite el Tribunal Arbitral, podrán acordar someterse al Reglamento vigente al momento de la solicitud de arbitraje. El nuevo Reglamento es similar al que está vigente en el CAM, pero presenta algunas diferencias, las más relevantes las pasamos a analizar a continuación: Se incorporó que el acuerdo de arbitraje debe constar por escrito. Asimismo, se indica que se cumple con tal requisito cuando el acuerdo conste en un documento emanado de las partes o en intercambio de cartas, correos electrónicos u otra forma de comunicación que deje constancia del mismo; Se establecen nuevos requisitos al momento de realizar una solicitud de arbitraje ante el CAM; El plazo de arbitraje fue ampliado a un año, sin posibilidad de prórroga; El plazo del arbitraje ya no se encontrará suspendido durante el mes de febrero; Los días y horas hábiles no sufrieron grandes cambios, a excepción de que en el antiguo Reglamento se consideraban como días inhábiles todos los días del mes de febrero de cada año, lo cual fue eliminado del nuevo Reglamento; En cuanto al idioma del arbitraje, se incorporó de que el mismo será en idioma castellano, a menos que las partes dispongan uno diverso en el acuerdo de arbitraje o en el Acta de Bases del Procedimiento; Se incorporó un artículo que regula la confidencialidad a la que están sujetos los expedientes arbitrales así como también aquella que deben cumplir los funcionarios del CAM; Se incorporó un artículo sobre el uso de medios tecnológicos y de limitación de responsabilidad de los Árbitros y funcionarios del CAM; Se incorporan causales específicas de cese de funciones del árbitro y el procedimiento a seguir en caso de verificarse alguna de éstas; En cuanto a las medidas prejudiciales cautelares, se imponen nuevos requisitos al momento de solicitar el arbitraje; Se establecen nuevas disposiciones acerca de la ejecución del laudo arbitral (sentencia). Se establece una nueva regulación respecto del recurso de reposición respecto de las resoluciones que dicte el Tribunal Arbitral; Se incorporó un nuevo capítulo denominado “Procedimiento Abreviado”, el cual debe ser aplicable cuando la cuantía principal no supere el equivalente a UF 2.000 o al que en el futuro determine el CAM; cuando las partes así lo acuerden o; cuando existan acciones de cuantía indeterminada de forma conjunta con otras acciones que no superen la mencionada cantidad. Las reglas de este procedimiento se encuentran orientadas […]

Read more