• 29 September, 2020

    Alerta Legal Covid-19: Subsidio al Empleo

    29 de Septiembre, 2020 / Por Luis Parada y Juan Pablo Mesías. El Gobierno de Chile ha implementado dos beneficios para estimular la creación y mantención de puestos de trabajo, denominados «Subsidio a la Contratación» y «Subsidio al Regreso» respectivamente, y que en conjunto se conocen como «Subsidio al Empleo». A continuación, presentamos algunas ideas generales sobre ambos beneficios para su conocimiento. 1.- ¿En qué consiste? Subsidio a la Contratación Subsidio al Regreso Aporte mensual del Estado a las empresas, del 50% de la remuneración mensual bruta (RMB) de trabajadores que ingresen a prestar servicios. Este beneficio tiene un tope de $250.000 mensuales, el cual se incrementa al 60% de la RMB con tope de $270.000 mensuales en caso de contratación de mujeres, mayores de 18 y menores de 24, así como de personas con discapacidad Aporte del Estado de $160.000 fijos mensuales a las empresas, por cada trabajador con contrato suspendido por aplicación de la Ley de Suspensión de Empleo, que retorne a las labores. 2.- ¿Quiénes pueden acceder? Subsidio a la Contratación Subsidio al Regreso a. Aquellas empresas que incrementen la dotación de trabajadores, respecto de la nómina existente al mes de julio de 2020. b. Además, tales empresas deben ser contribuyentes de impuesto a la renta conforme a alguna de las siguientes alternativas: (i) primera categoría; (ii) artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta o (iii) artículo 22 de la misma ley. a. Las empresas que reincorporan a labores, a sus trabajadores con contrato suspendido conforme a la Ley de Protección al Empleo (Ley 21.227). b. Además, tales empresas deben ser contribuyentes de impuesto a la renta conforme a alguna de las siguientes alternativas: (i) primera categoría; (ii) artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta o (iii) artículo 22 de la misma ley. 3.- ¿Qué condiciones deben reunirse para acceder a estos beneficios? Subsidio a la Contratación Subsidio al Regreso a. Que los nuevos trabajadores incrementen la planilla de personal, considerando las contrataciones a julio de 2020. b. Que la empresa haya contratado a trabajadores con renta mensual bruta inferior a 3 ingresos mínimos mensuales ($961.500) c. No se exige impacto de la empresa producto de la pandemia. a. Haber experimentado una caída en las ventas o ingresos brutos de al menos 20% entre los meses de abril a julio de 2020, en comparación con los mismos meses del año 2019. b. Los trabajadores reincorporados deben tener una renta bruta promedio igual o inferior a 3 ingresos mínimos mensuales ($961.500). 4.- ¿Cuánto durarán estos beneficios? La duración de ambos subsidios se prevé por un plazo de hasta 6 meses, y la postulación de las empresas se encuentra ya activa y podrá realizarse hasta el 31 de marzo de 2021. 5.- ¿Existe alguna consideración para grandes empresas? Sí. Para las empresas de más de 200 trabajadores, aplicarán las siguientes reglas especiales: Subsidio a la Contratación Subsidio al Regreso a. Se revisará cada tres meses, que la empresa mantenga contratados a lo menos al 80% de los trabajadores que integraron la planilla en el primer mes de postulación al subsidio. b. Para empresas […]

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  • 23 September, 2020

    Alerta Legal: Covid-19 Ley que facilita la adquisición de remedios durante épocas de pandemia

    23 de Septiembre, 2020 / Por Tomás Muñoz El día martes 22 de septiembre del presente año se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.267, que viene a facilitar el acceso a medicamentos, extendiendo la vigencia de las recetas médicas que hayan sido emitidas antes o durante la vigencia de una Alerta Sanitaria decretada por el Gobierno de Chile en el contexto de una epidemia o pandemia. Normalmente, las recetas tienen una vigencia de seis meses desde su firma. En efecto, la ley dispone que, desde su dictación: Todos los establecimientos habilitados para dispensar productos farmacéuticos deberán proceder a su expendio ante la muestra de una copia de la receta médica que los prescriba, sea ésta física o digital. Las recetas médicas que hayan sido extendidas durante los seis meses anteriores a la dictación de la alerta sanitaria o durante su vigencia, se considerarán válidas hasta seis meses después de terminada la vigencia de la alerta sanitaria. Los establecimientos habilitados para el expendio deberán cumplir con todas las otras normas que les sean aplicables. El uso malicioso de recetas médicas será sancionado de acuerdo a las disposiciones del Código Sanitario, del Código Penal y de la Ley N° 20.000, que sanciona el tráfico y consumo de drogas, de resultar ésta aplicable. Se modifica el Código Sanitario, respecto a la exigencia de contar las recetas médicas con firma electrónica avanzada, en el sentido de que ahora se deberá estar a lo que indique el reglamento, el que, de acuerdo a la discusión legislativa, correspondería al Reglamento de Farmacias contenido en el Decreto N° 466. En relación a este tema, revise la alerta enviada el 8 de mayo sobre el Decreto que introduce el comercio electrónico de medicamentos. Contactos Para más información, por favor contactar a: Tomás Muñoz Asociado tmunoz@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, sin el consentimiento previo de DLA Piper BAZ | NLD SpA. (c) DLA Piper BAZ | NLD SpA 2020.

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  • 16 September, 2020

    Alerta Legal: Reglamento de Portabilidad Financiera

    16 de Septiembre, 2020 / Por Mauricio Halpern y Eduardo Araya. Con fecha 8 de septiembre 2020 comenzó a regir la Ley 21.236, que regula la Portabilidad Financiera (la “Ley”), de conformidad a lo establecido en su artículo primero transitorio. Asimismo, con la misma fecha se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de dicha ley, que pormenoriza distintos aspectos de la Ley de Portabilidad Financiera (el “Reglamento”). a) Etapa de solicitud y evaluación. De acuerdo con el Reglamento, todo cliente que quiera iniciar un proceso de portabilidad financiera deberá presentar a un proveedor de su elección una solicitud de portabilidad de forma escrita, ya sea de manera física o digital, mediante un formulario que será puesto a disposición por parte del proveedor. El Reglamento asimismo especifica los requisitos y menciones que tal solicitud debe contener. El proveedor deberá mantener respaldo de tal solicitud, de forma física o digital, durante a lo menos el periodo que dure el proceso de portabilidad, y otorgar un comprobante de recepción de dicha solicitud. Una vez recibida la solicitud, el proveedor deberá requerir directamente al proveedor inicial un certificado de liquidación, en caso que no hubiere sido entregado por el cliente, y un certificado de pago del impuesto de timbres y estampillas. En caso de que el certificado de liquidación incluya una deuda garantizada por una o más garantías reales (por ejemplo, un crédito hipotecario), el proveedor inicial deberá también remitir copia digital de la tasación del bien otorgado en garantía y del estudio de títulos correspondiente, cuando estos se hubieren practicado y hubieren sido conservados. Asimismo, el proveedor que reciba la solicitud de portabilidad podrá requerir al cliente otros antecedentes necesarios para la formulación de la oferta, así como para la evaluación de los seguros asociados a créditos hipotecarios vigentes. b) De la oferta. El Reglamento establece que el proveedor podrá incluir en la oferta solo algunos de los productos especificados en la solicitud, y permitiéndosele presentar conjuntamente dos o más ofertas distintas al cliente. Por su parte, el proveedor podrá asimismo rechazar en forma total o parcial la solicitud de portabilidad, lo que deberá ser informado al cliente por escrito, de manera física o digital. En caso de formular una oferta de portabilidad, ésta tendrá una vigencia mínima de 7 días hábiles bancarios contados desde la fecha de su emisión. De aceptarse dentro del período de vigencia, ésta se mantendrá vigente hasta la celebración de los contratos ofrecidos, hasta el arrepentimiento de la aceptación del cliente, o hasta el rechazo de la contratación por concurrir alguna de las condiciones objetivas referidas en el artículo 10 de este Reglamento, en todo caso distintas a la evaluación del riesgo comercial. Si no se acepta dentro del plazo de vigencia, el Reglamento entiende que el cliente se ha retractado. La oferta de portabilidad debe ser emitida en forma escrita (física o digital), y contener a lo menos secciones de “Información General”, “Tabla General de Productos o Servicios Nuevos y Vigentes a Terminar” (que incluye la individualización de los productos o servicios ofertados y el resultado de portabilidad por producto o servicio), e, “Información Comparada por […]

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  • 11 September, 2020

    Alerta Legal: Covid-19 Actualidad Laboral

    11 de Septiembre, 2020 / Por Luis Parada y Juan Pablo Mesías. La presente alerta contiene información sobre leyes laborales o con efectos en temas laborales recientemente publicadas en el Diario Oficial, y que son las siguientes: 1. Ley 21.263 que establece cambios transitorios al Seguro de Cesantía y además, perfecciona los beneficios de la Ley 21.227 sobre Protección del Empleo; 2. Ley 21.258, Ley Nacional del Cáncer, y 3. Ley 21.260, que regula el acceso de trabajadoras embarazadas al trabajo por vía remota, las licencias médicas y fuero maternal de las mismas acogidas a régimen teletrabajo o trabajo a distancia, durante el estado de excepción constitucional. A continuación, una breve explicación de cada una: 1. Ley 21.263: Con fecha 4 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley que establece cambios transitorios al Seguro de Cesantía y además, perfecciona los beneficios de la Ley 21.227 sobre Protección del Empleo. A. Flexibilización transitoria de acceso al Seguro de Cesantía para personas que se encuentran desempleadas: Disminución de requisitos para acceder a las prestaciones del Fondo Solidario de Cesantía (FSC) del Seguro de Cesantía (Ley 19.728), con efecto hasta el 31 de octubre 2020; Supresión de descuento del 10% de AFP sobre los pagos de cesantía sin que se exija la búsqueda de trabajo activa para acceder al FSC; Establecimiento de tablas únicas de pagos del seguro de cesantía, sin distinción del tipo de contrato de trabajo, para las prestaciones financiadas con cargo a la cuenta individual de cesantía (CIC) o al FSC; Trabajadores cesantes que no cumplan con los requisitos mínimos de cotización para acceder al seguro de cesantía, conforme a la Ley de Seguro de Cesantía y a la Ley de Protección de Empleo, transitoriamente podrán hacerlo hasta el 31 de octubre, pudiendo únicamente obtener giros con cargo a la CIC respectiva. B. Cambios a la Ley de Protección de Empleo (LPE) y otras modificaciones a los regímenes existentes por Covid-19: Inicialmente hasta el 31 de octubre del 2020, respecto de la LPE se establecen tablas únicas de pagos, sin distinción del tipo de contrato de trabajo, para acceder a los beneficios de la Ley de Protección al Empleo para trabajadores con contratos suspendidos, ya sea por acto de autoridad o por acuerdo de las partes. Las tablas que aplicarán son las siguientes: Tabla para beneficios financiados con cargo a cuenta individual Meses Porcentaje promedio de remuneración (últimos 3 meses de contrato de trabajo) 1 70% 2 55% 3 55% 4 55% 5 55% 6 o superior 50% Tabla para beneficios financiados con cargo a Fondo Solidario de Cesantía Meses Porcentaje promedio remuneración (últimos 3 meses de contrato de trabajo) Valor superior Valor inferior Primero 70% $652.956 $225.000 Segundo 55% $513.038 $225.000 Tercero 55% $513.038 $225.000 Cuarto 55% $513.038 $225.000 Quinto 45% $419.757 $225.000 Podrá determinarse el pago de un 6° o 7° giro con cargo al FSC hasta el 31 de octubre de 2020, cuyo porcentaje promedio de remuneración no podrá ser superior al 45%. A pesar de que esta ley entró en vigencia el 4 de septiembre, para efectos de acceso, cálculo y pago de los beneficios, prestaciones y […]

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  • 8 September, 2020

    Alerta Legal Covid-19: Nuevas medidas tributarias del plan de emergencia

    08 de Septiembre, 2020 / Por Rodrigo Álvarez, Germán Vargas y Gonzalo Zegers. Con fecha 02 de septiembre, se publicó en el Diario Oficial, la Ley Nº 21.256, la cual establece nuevas medidas tributarias y modifica algunas existentes, como parte del plan de emergencia para la reactivación de la economía y el empleo. A continuación, les presentamos un detalle de las medidas aprobadas y su vigencia: 1. Disminución a 10% la tasa del Impuesto de Primera Categoría para las PYMES. Se disminuye temporalmente a 10% la tasa del Impuesto de Primera Categoría (“IdPC”) de los contribuyentes acogidos al Régimen Pro-Pyme por sus rentas de los años comerciales 2020, 2021 y 2022. Además, a partir de noviembre de este año, se disminuye transitoriamente a la mitad la tasa de los PPM que les corresponda pagar hasta el 2022. 2. Posibilidad de solicitar reembolso remanente crédito fiscal IVA para las PYMES. Aquellos contribuyentes que puedan acogerse al régimen Pro-Pyme podrán solicitar el reembolso del remanente acumulado del crédito fiscal del IVA determinado en la declaración de dicho impuesto en los meses de julio, agosto o septiembre de 2020. Podrán solicitar este beneficio aquellos contribuyentes, que a la fecha de la solicitud, cumplan con todos los siguientes requisitos: Que sus ingresos promedios obtenidos entre el 01/01/2020 y el 31/05/2020 hayan disminuido en al menos un 30% en comparación con el mismo periodo del año anterior; Que de la declaración de junio de 2020, resulte un remanente de crédito fiscal IVA proveniente de la adquisición de bienes o la utilización de servicios entre el 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2020; Que no se encuentre en alguna de las causales que contempla el artículo 59 bis del Código Tributario; Que hayan presentado todas sus declaraciones de IVA de los últimos 36 meses; Que las operaciones respecto de las cuales aplicaría el beneficio, se encuentren debidamente registradas en el registro de compras y ventas; y Que no mantengan una deuda tributaria, salvo aquellos contribuyentes que se encuentren cumpliendo convenios de pago con la Tesorería General de la República. 3. Ampliación beneficio depreciación instantánea. Se amplía el beneficio transitorio de depreciación establecido por la Ley N°21.210 publicada en febrero de este año, el cual sigue vigente para los bienes adquiridos hasta mayo 2020. Esta nueva modalidad permite que todos los contribuyentes que declaren IdPC sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, puedan depreciar instantánea e íntegramente: a) Los bienes físicos del activo inmovilizado, que se adquieran nuevos o importados entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022; y, b) Los siguientes activos intangibles destinados al interés, desarrollo o mantención de la empresa o negocio, adquiridos entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022: Los derechos de propiedad industrial protegidos conforme a la ley N° 19.039. Los derechos de propiedad intelectual protegidos conforme a la ley N° 17.336. Una nueva variedad vegetal protegida conforme a la ley N° 19.342. 4. Postergación hasta enero 2021 de la entrada en vigencia de la obligación de emitir boleta electrónica para quienes ya son facturadores […]

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  • 17 August, 2020

    Alerta Legal: Principales modificaciones al concepto de gastos establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta

    17 de agosto, 2020 / Por Rodrigo Álvarez, Germán Vargas y Gonzalo Zegers. Con fecha 10 de agosto de 2020, el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) publicó la Circular Nº 53, (la “Circular”) que imparte instrucciones sobre modificaciones introducidas al artículo 21 (gastos rechazados) y al artículo 31 (gastos necesarios para producir la renta) de la Ley de la Renta (“LIR”), por la Ley Nº 21.210 que Moderniza la Legislación Tributaria (la “Ley”), publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero pasado. A continuación, se hará referencia al contenido principal de la Circular sobre: I. Modificaciones al concepto de gastos necesarios; II. Nuevos gastos especialmente regulados y modificados por la Ley; III. Modificaciones a las normas sobre gastos rechazados. I. MODIFICACIONES AL CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS El artículo 31 de la LIR establece las condiciones para que proceda la deducción de los gastos incurridos en la producción de la renta, con el fin de determinar la base imponible afecta a impuestos. Para lo anterior, el referido artículo establece requisitos generales aplicables a todos los gastos y un listado de gastos especiales que regula de forma específica. La Ley precisa la definición de “gastos necesarios”, estableciendo que son aquellos que “tengan aptitud de generar renta, en el mismo o en futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio.” Esta modificación amplía el concepto de gastos necesarios, extendiéndolo a todos aquellos que sean aptos o tengan la potencialidad de generar rentas afectas al Impuesto de Primera Categoría (“IdPC”), aunque en definitiva no se generen tales rentas. Asimismo, los desembolsos deben estar asociados al interés, desarrollo o mantención del giro o negocio de la empresa. En relación con la razonabilidad del gasto, se distinguen las operaciones con terceros independientes de aquellas entre partes relacionadas. En principio se permite la deducción de ambos, pero debe prestarse especial atención a las operaciones entre partes relacionadas, considerando las modificaciones al artículo 21 de la LIR. II. NUEVOS GASTOS ESPECIALMENTE REGULADOS Y MODIFICADOS POR LA LEY a) Intereses. Se eliminó la referencia que impedía deducir los intereses respecto de créditos empleados en la adquisición, mantención y/o explotación de bienes que no produzcan rentas gravadas en la primera categoría. b) Pérdidas. La Ley introduce tres nuevos incisos, los cuales permiten la deducción de los siguientes gastos: El costo tributario de ciertos productos cuya comercialización se ha vuelto inviable pero que conservan sus condiciones para el uso o consumo. La entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos. Sanciona con el Impuesto Único del artículo 21, la destrucción voluntaria de materias primas o bienes que puedan ser entregados gratuitamente. c) Créditos Incobrables. Se introducen dos situaciones objetivas en las cuales se podrá castigar los créditos incobrables (siempre que no se traten de operaciones entre partes relacionadas): Créditos que se encuentren impagos por más de 365 días; o, Un porcentaje de incobrabilidad conforme al mercado donde opere la empresa. d) Depreciación. Los contribuyentes que tengan un promedio anual de ingresos igual o inferior a UF 100.000, podrán depreciar los bienes del activo inmovilizado considerando como vida útil del respectivo bien el […]

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  • 29 July, 2020

    Alerta Legal Covid-19: Ley de Crianza Protegida

    29 de Julio, 2020 / Por Luis Parada, Juan Pablo Mesías y Felipe Giralt. Con fecha 27 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.247, que  establece una licencia médica preventiva que beneficia a aquellos padres que se encuentran haciendo uso del permiso postnatal parental, y que además, faculta la suspensión de los contratos de trabajo para los cuidadores de menores de 7 años. Principales beneficios: 1. Licencia médica preventiva parental (LPP) por causa de la enfermedad COVID-19: Aplica a los trabajadores que se encuentren haciendo uso del permiso postnatal parental, cuyo término tenga lugar durante la vigencia del estado de excepción constitucional. También beneficiará a aquellos trabajadores cuyo permiso postnatal parental haya terminado entre el 18 de marzo y el 26 de julio de 2020, y soliciten la licencia. La LPP es una licencia destinada a los trabajadores que se encuentran haciendo uso del permiso postnatal parental, que les permite ausentarse de su trabajo por  30 días al término del permiso referido. La LPP puede renovarse por un máximo de dos veces, por el mismo plazo, pudiendo alcanzar un total de 90 días continuos. Si ambos padres hubieren gozado del permiso postnatal parental, cualquiera de ellos, a elección de la madre, podrá gozar de la LPP. La LPP contempla el pago de un subsidio equivalente a lo recibido durante el permiso postnatal parental en jornada completa, pagado por una Isapre o por el Fondo Nacional de Salud, según corresponda. Los trabajadores que hagan uso de la LPP tendrán derecho a una extensión del fuero laboral, por el mismo tiempo en que hagan uso de esta licencia. Según aclaración de la Superintendencia de Seguridad Social, la LPP debe solicitarse por las trabajadoras ante dicho organismo, con clave única, y será este el que tramitará la licencia ante la entidad pagadora, y no el empleador. Por su parte, la trabajadora debe informar a la empresa de la solicitud de la LPP. 2. Suspensión de la relación laboral por motivos de cuidado de niños o niñas: Los trabajadores afiliados al seguro de desempleo que tengan el cuidado personal de menores nacidos a partir del año 2013 y que estén impedidos de asistir a sala cuna, jardín infantil u otro establecimiento educacional por encontrarse suspendido su funcionamiento por declaración de autoridad, tendrán derecho a suspender los efectos de sus contratos de trabajo, siempre que la persona cumpla con los requisitos para acceder a las prestaciones de la Ley de Protección al Empleo (LPE) y en tanto dicha normativa esté vigente. Para hacer efectiva la suspensión por motivos de cuidado, el trabajador deberá comunicar al empleador por escrito, preferentemente por medios electrónicos, que hará uso de este derecho, debiendo este último informarlo a la AFC, a objeto que el trabajador acceda a las prestaciones correspondientes. Durante la vigencia de la suspensión, el empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social respectivas. 3. Otras disposiciones de interés: El empleador no podrá despedir por inasistencias injustificadas a aquellos trabajadores que tengan a su cuidado menores nacidos a partir del año 2013, siempre que la causa de su inasistencia […]

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  • 9 July, 2020

    Alerta Legal: Claves para entender la aplicación del IVA en los servicios digitales

    09 de Julio, 2020 / Por Rodrigo Álvarez, Germán Vargas y Gonzalo Zegers La ley 21.210 que Moderniza la Legislación Tributaria, publicada con fecha 24 de febrero de 2020, dispuso que a partir del 1 de junio de 2020 algunos servicios digitales estarán afectos a IVA. Decimos algunos, porque no todos los servicios digitales están gravados con IVA, algunos se encuentran afectos a Impuesto Adicional (IA) y exentos de IVA y viceversa. A continuación les presentamos las principales preguntas relacionadas con este nuevo impuesto: ¿Qué servicios digitales se encuentran gravados? Se gravarán con IVA los siguientes servicios remunerados realizados por prestadores sin domicilio ni residencia en Chile: La intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su naturaleza, o de ventas realizadas en Chile o en el extranjero siempre que estas últimas den origen a una importación; El suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital, tal como videos, música, juegos u otros análogos, a través de descarga, streaming u otra tecnología, incluyendo para estos efectos, textos, revistas, diarios y libros; La puesta a disposición de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura informática: Dentro de esta categoría se destacan: Software como servicios (SaaS siglas en inglés): Prestados principalmente al usuario final o consumidor. Estos servicios se prestan a través de aplicaciones que se ejecutan en la infraestructura de la nube del proveedor, a la cual el usuario puede acceder a través de varios dispositivos como navegador web o celular. Plataforma como servicios (PaaS siglas en inglés): Dirigido principalmente a desarrolladores de aplicaciones, a los cuales se les entrega las herramientas (a través de una plataforma o infraestructura en la nube) para desplegar aplicaciones construidas o adquiridas por ellos. Infraestructura como servicios (IaaS siglas en inglés): Similar al PaaS pero más básico, permite al usuario contratar servicios de nube por separado (principalmente procesamiento, almacenamiento, redes y otros recursos informáticos fundamentales) donde el consumidor puede implementar y ejecutar softwares, que puede incluir sistemas operativos y aplicaciones. 4. La publicidad, con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada, materializada o ejecutada. En este sentido, de acuerdo a la ley, el IVA se aplica cuando los servicios son prestados o utilizados en Chile, sea que la remuneración se reciba en Chile o en extranjero. Así, se entiende que un servicio es prestado en nuestro país cuando, cuando la actividad que genera el servicio es desarrollada en Chile, independientemente del lugar donde éste se utilice. Por otro lado, la Ley de IVA establece una norma especial respecto a la utilización de los servicios digitales, estableciendo que se presumirá que estos son utilizados en Chile, cuando concurran al menos dos de las siguientes situaciones: I. Que la dirección IP del dispositivo utilizado por el usuario u otro mecanismo de geolocalización indiquen que éste se encuentra en Chile; II. Que la tarjeta, cuenta corriente bancaria u otro medio de pago utilizado para el pago se encuentre emitido o registrado en Chile; III. Que el domicilio indicado por el usuario para la facturación o la emisión de comprobantes de pago se encuentre ubicado en el territorio nacional; o IV. Que la tarjeta de módulo […]

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  • 6 July, 2020

    Alerta Legal Covid-19: Reglamento sobre condiciones de seguridad y salud aplicables al trabajo a distancia o teletrabajo

    06 de Julio, 2020 / Por Luis Parada, Juan Pablo Mesías y Alfonso Bustamante. Con fecha 3 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento que establece “Condiciones Específicas de Seguridad y Salud en el Trabajo” (el “Reglamento”), aplicables a los trabajadores dependientes que presten sus servicios en la modalidad de “Teletrabajo” o “Trabajo a Distancia” de acuerdo a las nuevas disposiciones sobre la materia incorporadas al Código del Trabajo. El Reglamento establece una serie de obligaciones para los empleadores, cuyos aspectos más relevantes se describen a continuación: Deber del Empleador de gestionar los riesgos laborales que se encuentren presentes en el domicilio del (la) trabajador (a) o en el lugar donde se realizará el Teletrabajo o Trabajo a Distancia. Prohibición para el (la) trabajador (a) de exponerse con ocasión de su trabajo, éste (a), su familia o terceros, a sustancias peligrosas o altamente nocivas para la salud calificadas de esta forma por la normativa vigente. Obligación para el empleador de confeccionar una “matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos” (la “Matriz”), la que deberá ser revisada al menos anualmente, pudiendo para ello requerirse la asesoría técnica del organismo administrador de la ley Nº 16.744 (“Mutualidades”). La Matriz deberá incluir la evaluación de riesgos sicosociales. Para la preparación de la Matriz el Reglamento establece que las Mutualidades deberán poner a disposición de los empleadores un documento denominado “instrumento de autoevaluación de riesgos”. Dicho instrumento deberá ser entregado a su vez por el empleador a sus trabajadores una vez iniciado el trabajo a distancia o teletrabajo, quienes deberán llenarlo y devolverlo al empleador en el plazo señalado en el Reglamento. El empleador deberá desarrollar un “Programa de Trabajo” que contenga las medidas preventivas y correctivas a implementar (ej. eliminación y/o mitigación de riesgos), así como medidas de promoción de uso de implementos de protección y prevención de tales riesgos. Implementación del “Derecho a Saber” para trabajadores en Teletrabajo o Trabajo a Distancia. Capacitación Obligatoria: Los empleadores deberán capacitar a sus trabajadores (presencial o remotamente) al menos cada dos años sobre las principales medidas de seguridad y salud a considerar. Se establece la obligación de proporcionar los equipos y elementos de protección personal que sean adecuados al riesgo que se trata mitigar o controlar, no pudiendo en caso alguno cobrarse a los trabajadores su valor. Otras obligaciones: Realización de evaluaciones anuales y disposición de medidas de control y vigilancia, a ejecutarse a través de inspecciones presenciales del lugar de trabajo o en forma remota. El Reglamento comenzará a regir transcurridos 90 días desde su publicación, es decir a partir del 1 de octubre de 2020 quedando su fiscalización a cargo de la Dirección del Trabajo. Contactos Para más información, por favor contactar a: Luis Parada Socio – Laboral lparada@dlapiper.cl Juan Pablo Mesías Counsel – Laboral jpmesias@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal […]

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  • 19 June, 2020

    Alerta Legal Covid-19: CMF exime temporalmente a emisores de valores de oferta pública de la obligación de presentar ciertos antecedentes requeridos por la NCG 30

    19 de Junio, 2020 / Por Diego Noguera, Matías Zegers, Manola Quiroz y M. del Pilar Paredes El pasado 15 de junio la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) emitió la Norma de Carácter General N° 443 (“NCG 443”) que exime, temporalmente, a los emisores de valores de oferta pública de presentar ciertos antecedentes en las solicitudes de inscripción de emisión de bonos, efectos de comercio y títulos de deuda de securitización requeridos por la Norma de Carácter General N° 30 (“NCG 30”) y que modifica, permanentemente, esta última. I. Exención temporal de presentar ciertos documentos en las solicitudes de inscripción de valores de oferta pública: En el contexto de la crisis económica que vive el país derivada de la pandemia del coronavirus, la CMF viene a flexibilizar hasta el 30 de junio de 2021 el proceso de inscripción de valores de oferta pública, permitiendo a los emisores de valores no presentar en las solicitudes de inscripción cierta documentación requerida por la NCG 30, incluyendo, entre otros, los siguientes: A. Para el caso de emisiones de bonos o efectos de comercio: (i) el prospecto informativo; (ii) los antecedentes referidos a la opción de suscripción preferente de acciones, cuando corresponda (copia de los avisos y comunicación a los accionistas que informarán la opción preferente de suscripción; y certificados de las bolsas de valores que respalden la información sobre las transacciones de acciones que se hubieren utilizado en los citados avisos y comunicaciones); (iii) el documento emitido por la bolsa de valores correspondiente en que se informe el código nemotécnico de cada uno de los valores que serán colocados. B. Para el caso de modificaciones a los contratos de emisión de bonos o modificación de líneas de efectos de comercio: (i) hojas del prospecto modificadas; y (ii) cualquier  otro antecedente modificado. Adicionalmente, se exime al emisor de presentar la documentación en duplicado. En esta materia, se hace presente que estas eximentes son facultativas del emisor; por lo que si no hace uso de la misma, deberán cumplir al efecto con los plazos y formalidades que dispone la NCG 30. II. Modificaciones a la NCG 30: Adicionalmente, la NCG 443 introduce cambios permanentes a la NCG 30, comenzando a regir el 15 de junio del presente año. Entre las principales modificaciones se encuentran las siguientes: (i) en el proceso de inscripción de emisores de valores de oferta pública en el Registro de Valores de la CMF (Sección I), se reemplazó el requerimiento a la entidad que se inscribe de presentar estados financieros auditados cuando los que presente tengan una antigüedad mayor a 90 días a la fecha de solicitud de inscripción, por estados financieros consolidados o individuales según corresponda, con cierre al trimestre más reciente, suscritos por el directorio de la entidad; (ii) en el proceso de inscripción de emisión de acciones (Sección III), se disminuyen los antecedentes que se deben acompañar o presentar para la inscripción en el Registro de Valores en caso de un aumento de capital; y (iii) en el proceso de emisión de bonos, inscripción en el registro de valores, difusión y publicidad de dichas emisiones e información continua (Sección […]

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  • 9 June, 2020

    Alerta Legal: Ley de Portabilidad Financiera

    9 de Junio, 2020 / Por Mauricio Halpern, Roberta Andreani y Vicente Vergara Con fecha 9 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.236 que tiene por objeto promover y facilitar la portabilidad financiera a personas naturales, y a micro y pequeñas empresas. Para esto, la Ley considera la portabilidad como un derecho irrenunciable de los clientes, y dispone principalmente tres mecanismos: 1. Se contemplan dos tipos de portabilidad financiera. La primera se denomina “Portabilidad sin Subrogación”, que tiene por objeto contratar productos o servicios con un nuevo proveedor, y obtener el término de productos existentes que el cliente tenga con un proveedor inicial, extinguiéndose las garantías que los caucionan. El segundo tipo corresponde a la “Portabilidad con Subrogación” o “Subrogación Especial de Créditos”, por la cual un proveedor financiero pasará a ser, por el solo ministerio de la Ley, el beneficiario de las garantías vigentes que se encuentren asociadas a un producto, al momento de pagar al proveedor financiero inicial, para lo cual no será necesario alzar y constituir una nueva garantía, disminuyendo los plazos y costos que esto implica actualmente. 2. Estandarización, mediante un Reglamento que deberá dictarse, de la información que proporcionan los proveedores de servicios financieros respecto de sus productos, facilitando al cliente la comparación entre los mismos. Para lo anterior, la Ley hace referencia al (i) Certificado de Liquidación regulado en la Ley de Protección al Consumidor, que contiene información sobre los costos de sus productos vigentes, y crea y regula el contenido de las (ii) Ofertas de Portabilidad que contendrá información de los costos de los nuevos productos ofrecidos. 3. Adicionalmente la Ley regula el proceso de portabilidad, especificando las etapas, plazos, formalidades e información a entregar por cada uno de los involucrados, así como los intereses que se devengan durante dicho proceso y los cargos o derecho a que tienen derecho los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces. Sujetos de la Ley Esta ley se aplicará a proveedores de servicios financieros, entendiéndose por tales a todo banco, compañía de seguros, agente administrador de mutuos hipotecarios, caja de compensación de asignación familiar, cooperativa de ahorro y crédito o institución que coloque fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, siempre y cuando dicha institución tenga un giro relacionado con el otorgamiento de créditos, o toda otra entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero. Por su parte la Ley considera cliente a las personas naturales o jurídicas que mantengan uno o más productos o servicios financieros, y que tengan la calidad de consumidor, o de micro o pequeña empresa. Procedimiento de Portabilidad a) Se inicia con la solicitud de portabilidad presentada por el cliente a un nuevo proveedor financiero. b) El nuevo proveedor deberá solicitar al proveedor inicial el certificado de liquidación, y el de pago del impuesto de timbres y estampillas. c) En caso que el nuevo proveedor decida perseverar en el proceso, deberá enviar al cliente una oferta de portabilidad. d) Con la aceptación de la oferta, el cliente otorga un mandato de término al nuevo proveedor respecto de los productos […]

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  • 1 June, 2020

    Alerta Legal: Ley que limita la responsabilidad para titulares de tarjetas por extravío, robo o fraude

    1 de Mayo, 2020 / Por Paulo Larrain, Ricardo López, Ignacio Schwerter y Felipe Riedel Con fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en el diario oficina la ley N° 21.234 (en adelante ‘‘la Ley’’), que modificó la ley N° 20.009, cambiando la denominación de esta última a “Establece un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude’’ y reemplazando los artículos 1° al 5° de la ley N° 20.009. En cuanto a las modificaciones introducidas por la Ley, se incluyen las siguientes: 1. Título I del ámbito de aplicación y reglas generales: Esta Ley regula el régimen de responsabilidad aplicable en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar, en adelante conjuntamente, las “tarjetas de pago”, emitidas y operadas por entidades sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y a la regulación del Banco Central de Chile. También regula el régimen de responsabilidad en los casos de extravío, hurto, robo o fraude de tarjetas de pago emitidas y operadas por entidades no sujetas a la fiscalización y regulación de los organismos indicados, salvo disposición expresa en contrario. Asimismo, se aplicará a los fraudes en transacciones electrónicas. Para efectos de esta Ley, las tarjetas de pago y sistemas de transacciones electrónicas se designan en forma conjunta como “medios de pago”. Los titulares o usuarios de medios de pago, así como los titulares de otras cuentas o sistemas similares que permitan efectuar transacciones electrónicas (referidos como ‘‘usuarios’’) podrán limitar su responsabilidad en caso de hurto, robo, extravío o fraude, en la medida que se dé aviso oportuno al emisor. Por su parte, el emisor o prestador del servicio financiero (referidos en forma conjunta como ‘‘los emisores’’) debe proveer canales habilitados y gratuitos, disponible las 24 horas y de manera permanente, que permitan efectuar y registrar los avisos de los titulares, entregando un código de recepción e identificación. Una vez recibido el aviso, el emisor debe bloquear de manera inmediata el medio de pago para efectuar transacciones. Además, se debe enviar al titular comunicación que incluya el número, código de recepción o identificador de seguimiento, y la fecha y hora del aviso. Respecto de las operaciones realizadas con posterioridad al aviso: El emisor será responsable. Respecto de las operaciones realizadas con anterioridad al aviso: El usuario deberá reclamar al emisor, dentro del plazo de 30 días, aquellas operaciones respecto de las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento. El reclamo podrá incluir operaciones realizadas en los 120 días corridos anteriores a la fecha del aviso efectuado por el usuario. En relación a las operaciones no autorizadas, se considerará especialmente la circunstancia de que el emisor haya enviado una alerta de fraude al usuario, identificando operaciones sospechosas, y que exista constancia de su recepción por parte del usuario, conforme al contrato de prestación de servicios. En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que […]

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