• 13 mayo, 2021

    Alerta Legal: Nueva Guía e Instructivo de la FNE para Operaciones de Concentración

    13 de mayo, 2021 / Por Felipe Bahamondez, Sofía O´Ryan y Macarena Alliende. Con el objetivo de actualizar y fortalecer el régimen de control de operaciones de concentración, la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”) anunció ayer el lanzamiento de una nueva Guía para el Análisis de Operaciones de Concentración Horizontales (“Guía”), que se someterá a consulta pública hasta el 11 de junio y de un instructivo sobre Pre-Notificaciones (“Instructivo”). La Guía viene a reemplazar la versión de 2012, incorporando modificaciones relativas al control previo obligatorio, avances en jurisprudencia y lineamientos específicos sobre mercados digitales y plataformas. En este sentido, algunos aspectos destacables de la nueva Guía, que la diferencian de su versión anterior son: Mercado Relevante y Sustituibilidad: se señala que solo definirá de forma precisa el mercado relevante cuando deban analizarse los efectos de una Operación en profundidad, lo que otorgará mayor celeridad a la revisión. En cuanto a la sustituibilidad, se incorpora referencia a indicadores económicos como el GUPPI (Gross Upward Pricing Pressure Index), así como consideraciones cualitativas. Joint Ventures: se entrega mayor certeza para su análisis, señalando un énfasis en los posibles riesgos coordinados que puedan surgir. Mercados Digitales y Plataformas: se entregan lineamientos sobre mercados de dos lados y los efectos de estos, destacando el tratamiento de variables como la privacidad de datos personales. Al mismo tiempo, se identifican ciertas características especiales de dichos mercados (e.g. efectos de red y tipping), y mecanismos que permiten el dinamismo, como lo es el multi-homing (uso simultáneo de apps). Por su parte, el Instructivo viene a reconocer y dar lineamientos sobre el proceso voluntario previo a la notificación, mediante el cual las empresas pueden contactarse con la División de Fusiones para plantear sus consultas y discutir sus dudas, de modo de evitar errores u omisiones, promoviendo la celeridad y eficacia en la revisión de las operaciones. En él se distinguen dos tipos de pre-notificaciones, que determinarán el procedimiento a seguir: (i) Pre-Notificación relativa a preguntas simples; y (ii) Pre-Notificación relativa a preguntas complejas y borradores de notificación. Respecto del procedimiento de este último -que se extenderá normalmente entre 5 y 10 días hábiles- se establecen ciertos requisitos que deben ser proporcionados por el consultante, como un resumen de la operación, las partes y actividades económicas, junto con la consulta especifica que se quiere resolver. Al finalizar, en los casos en que se haya consultado sobre la necesidad o procedencia de notificación de una determinada operación, la FNE otorgará una comunicación formal y por escrito descartando que determinado acto o contrato tiene la naturaleza de operación de concentración. Contacto Para más información, por favor contactar a: Felipe Bahamondez Socio fbahamondez@dlapiper.cl Sofía O´Ryan Counsel soryan@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, […]

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  • 30 abril, 2021

    Alerta Legal: Modernización de la Dirección del Trabajo

    30 de abril, 2021 / Por Luis Parada, Gabriela Andrade y Diego González Con fecha 30 de abril de 2021, se publicó la Ley N° 21.327, la cual busca modernizar la Dirección del Trabajo (“DT”), incorporando una serie de modificaciones al Código del Trabajo. La ley entrará en vigencia el día 1° de octubre de 2021. Dentro de las novedades más relevantes para las empresas, podemos destacar las siguientes: 1. Registro electrónico obligatorio de documentación laboral: se establece la obligatoriedad para las empresas de registrar en el sitio web de la DT los contratos de trabajo, así como las terminaciones del mismo. Tipo de Documento Plazo para Registrar Contratos de Trabajo 15 días siguientes a su celebración Copia de comunicación de terminación a) Dentro de los plazos establecidos para el envío de las copias de las comunicaciones de terminación de contrato a la Inspección del Trabajo, y; b) 10 días hábiles siguientes a la separación del trabajador en los casos de mutuo acuerdo, renuncia y muerte del trabajador. Contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, y que se encuentren vigentes al momento del registro Deberán registrarse a más tardar el 30 de abril de 2022. Adicionalmente, por medio de un reglamento del Ministerio del Trabajo, que deberá ser implementado previo a la entrada en vigencia de la ley, se podrá requerir el registro en el sitio web referido, de cualquier otra información laboral o previsional necesaria para la fiscalización a las empresas. 2. Contrato de trabajo y notificaciones: el contrato deberá individualizar la dirección de correo electrónico de ambas partes, si la tuvieren. Asimismo, las comunicaciones y notificaciones entre la DT y sus usuarios se realizará preferentemente por correo electrónico, debiendo todo empleador mantener registrado en el sitio web de la DT una dirección de correo electrónico. 3. Proceso electrónico: la DT deberá disponer de un sistema electrónico para la tramitación y seguimiento de las denuncias, procesos de fiscalización, solicitudes de pronunciamiento y consultas que tengan los usuarios respecto de trámites o procesos en curso, de los cuales sean parte. 4. Pago de remuneración: se reconoce expresamente la posibilidad de pagar la remuneración del trabajador mediante transferencia electrónica a su cuenta bancaria. 5. Fiscalización: para estos efectos, la DT podrá acceder en forma electrónica a toda la documentación laboral y de seguridad social de los empleadores que conste en su sitio web (ver n°1 anterior). Asimismo, se establece que el proceso de fiscalización deberá observar ciertos principios, a saber: responsabilidad, gratuidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad administrativa, transparencia y publicidad. 6. Uso de la información: se faculta a la DT para utilizar la información disponible en el registro referido, tanto para el ejercicio de sus facultades legales propias, como también para fines estadísticos, de estudios y difusión. Además, la DT podrá proporcionar la información a la que tenga acceso a los tribunales de justicia, previo requerimiento. Finalmente, se establece que el uso de la información deberá realizarse guardando absoluta reserva y secreto por parte de los funcionarios que accedan a ésta. 7. Consulta pública: se establece la posibilidad de disponer en […]

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  • 27 abril, 2021

    Alerta Legal Oficio 850 del SII: Exención de Impuesto Adicional a Universidades reconocidas por el Estado

    27 de abril, 2021 / Por Rodrigo Álvarez, Germán Vargas y Felipe Baraona. Con fecha 1 de abril de 2021 el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) emitió el Oficio N°850 que se pronuncia sobre los requisitos y características de la exención de Impuesto Adicional (“IA”) contemplada en el artículo 234 de la Ley N° 16.840 que favorece a las universidades reconocidas por el Estado, tras la creciente utilización de los sistemas de clases “en línea”. En el actual contexto de emergencia sanitaria, resulta primordial un pronunciamiento que precise los requisitos y alcance de la exención para su correcta aplicación por parte de las instituciones beneficiadas. La Ley N° 21.210 modificó el artículo 234 de la Ley N° 16.840, que contempla una exención de IA en favor de las universidades reconocidas por el Estado, por las cantidades pagadas a personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país, en la medida que se cumplan los siguientes requisitos copulativos: a) Debe tratarse de cantidades pagadas o abonadas en cuenta por las universidades reconocidas por el Estado a personas o entidades sin domicilio ni residencia en el país; b) Los pagos deben tener como causa la prestación de servicios técnicos; servicios profesionales o técnicos prestados a través de un consejo, informe o plano; congresos, conferencias o capacitaciones realizadas en Chile; y otras prestaciones similares (sin mediar un consejo, informe o plano); c) Los servicios descritos deben vincularse directamente con las actividades docentes que les son propias a las universidades. En este contexto, el Oficio N°850 emitido por el SII estableció lo siguiente: Los servicios de coordinación docente, ejecutivo de ventas, relatores de formato online y presencial, servicio de traducción, servicios de desarrollo y mantención informáticos, charlas, cursos, seminarios, estudios de investigación, constituyen actividades exentas del IA atendido que representan actividades profesionales, técnicas o similares a estas, vinculadas directamente con las actividades docentes de la universidad. Es necesario indicar que los trabajos o servicios técnicos no siempre requieren plasmarse a través de un consejo, informe o plano, en la medida que correspondan a “otras prestaciones similares” “directamente vinculadas” con las actividades docentes que les son propias. La exención aludida rige igualmente si el servicio se presta a través de herramientas tecnológicas o medios digitales, no obstante que tratándose concretamente de congresos, conferencias o capacitaciones, la ley expresamente exige que sean realizadas en Chile. Finalmente, cumpliendo los requisitos legales, lo expuesto no se altera si los servicios se prestan una vez concluidas las restricciones decretadas como consecuencia de la pandemia. Contactos Para más información, por favor contactar a: Rodrigo Álvarez Socio ralvarez@dlapiper.cl Germán Vargas Asociado gvargas@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, sin el consentimiento previo de DLA Piper BAZ | NLD SpA. […]

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  • 20 abril, 2021

    Alerta Legal: Ley N° 21.325: Nueva Ley de Migración y Extranjería

    20 de abril, 2021 / Por Luis Parada, Gabriela Andrade e Ignacio Abogabir. Con fecha 20 de abril de 2021, y después de ocho años de tramitación, se publicó en el Diario Oficial, la Nueva Ley de Migración y Extranjería (la “Nueva Ley de Migraciones”), la cual viene a reemplazar la actual legislación, que data del año 1975, y que se encontraba evidentemente superada por la realidad de la globalización y flujos migratorios, poniendo al día a la institucionalidad chilena en la materia. Sobre la misma podemos señalar lo siguiente: Aspectos generales: En términos generales, la Nueva Ley de Migraciones, fortalece la institucionalidad migratoria, modifica el procedimiento de obtención de permisos de residencia, e impone obligaciones al Estado en cuanto a dar mayor trazabilidad a la situación migratoria de los extranjeros durante las distintas etapas del proceso de obtención de visa. Se modernizan las categorías migratorias a las necesidades económicas y de desplazamiento global, como la que reconoce el permiso para trabajadores temporeros. Las visas de residencia deberán ser requeridas ante los consulados correspondientes, tramitándose desde el exterior, por lo que los extranjeros ingresarán al país con una categoría migratoria ya determinada. Con esto se restringe el actual sistema, que permite libremente la transición entre la calidad de turista y la de residente habilitado para el desarrollo de actividades remuneradas, figura que no permitía transparentar desde un inicio las intenciones de trabajar de la gran mayoría de personas que ingresaba como turista al país. Se establece que el Presidente de la República definirá una Política Nacional de Migración y Extranjería y se crea un Consejo de Política Migratoria. Se crea el Servicio Nacional de Migraciones (el “Servicio”), el que reemplazará al Departamento de Extranjería y Migración (“DEM”), el que estará a cargo de otorgar, prorrogar y revocar todos los permisos de residencia y permanencia, salvo en caso de residentes oficiales, lo que le corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores. Se incorpora el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, indicándose que el Estado adoptará todas las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que los tengan a su cuidado. Se refiere a la obligación del Estado de crear todas las condiciones necesarias para que las personas con discapacidad a las que se refiere la ley N° 20.422 (sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad) puedan solicitar sus permisos de residencia. Se establece la prohibición imperativa de ingreso a los extranjeros que hayan sido condenados, se encuentren procesados, imputados, acusados o perseguidos judicialmente en el extranjero, así como también respecto de aquellos individuos que ejecuten o hayan ejecutado hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional o la seguridad interior. Este constituye uno de los principales cambios de la nueva normativa en relación al sistema anterior, cuya prohibición de ingreso respecto de estas personas era facultativa para la autoridad. Los cambios en las categorías migratorias originados por la Nueva Ley de Migraciones, en ningún caso afectarán […]

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  • 7 abril, 2021

    Alerta Legal: Legalidad de examen PCR a trabajadores y riesgo de declaración de relación laboral por obtención de permiso único colectivo

    07 de abril, 2021 / Por Luis Parada, Gabriela Andrade y Diego González. Recientemente la Dirección del Trabajo (“DT”) se ha referido a la procedencia de requerir exámenes de PCR a los trabajadores de la empresa (por medio de los dictámenes N°s 1124/10 de 30 de marzo y 1189/011 de 1 de abril). En estos dictámenes la DT ha expresado su opinión en esta materia, indicando lo siguiente: Por regla general, resulta discriminatorio solicitar un examen de PCR con resultado negativo como condición previa para otorgar el trabajo convenido a toda clase de trabajadores, nuevos o antiguos, tanto para iniciar sus labores como para continuar desarrollándolas. Por el contrario, sí podría solicitarse un examen de PCR como requisito previo para otorgar el trabajo convenido, en la medida que se tuviere la sospecha de contacto del trabajador que requiera la concurrencia de este a un centro médico para realizar dicho examen, conforme a los criterios vigentes de las autoridades sanitarias. Sin perjuicio de lo anterior, en cumplimiento del mandato de protección de la vida y salud de los trabajadores, la empresa puede requerir a su personal la toma de un examen de PCR (sin condicionar el otorgamiento del trabajo convenido), en la medida que este examen sea financiado por la compañía. Evidentemente, de ser el resultado positivo al virus, el trabajador deberá dejar de asistir a la empresa a prestar servicios y tendrá derecho a licencia médica y al subsidio que corresponda, por el plazo determinado de conformidad a los criterios sanitarios vigentes. Además, de requerirse el referido examen por el empleador, dicha medida deberá especificarse en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la empresa. Como parte de la regulación que debe incorporarse en este documento, será preciso contemplar el mecanismo que asegure que esta medida se adoptará de forma impersonal, ya sea de manera universal o aleatoria, para evitar el peligro de una discriminación a través de esta vía. Quedan abiertas las interrogantes respecto de la licitud del condicionamiento del trabajo a la existencia de un PCR negativo, para labores que requieran la convivencia forzada de trabajadores (ejemplo, quienes pernoctan en campamentos) o bien, respecto de aquellos trabajadores que deben prestar directamente servicios a grupos de alto riesgo de sufrir la enfermedad del coronavirus, quienes aun habiendo sido ya inoculados con alguna vacuna, tienen un riesgo residual de contraerlo. Como se ha visto, estos dictámenes vienen en aclarar aspectos importantes de las facultades empresariales y requieren de la empresa actualizar su reglamento interno. Asimismo, es importante considerar en la aplicación de estas medidas, la conveniencia de llegar a acuerdos con trabajadores y sindicatos, cuando los exámenes deban llevarse a efecto fuera de horas de trabajo y/o en lugares diferentes del puesto habitual de trabajo. Por último, dentro de los recientes dictámenes emitidos por la DT, con fecha 1 de abril de 2021 por medio del dictamen N° 1190/012, se ha señalado que no resulta indiciario de la existencia de una relación laboral, el hecho que una empresa principal o usuaria solicite respecto de los trabajadores de una empresa contratista, subcontratista o de servicios transitorios, el correspondiente permiso […]

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  • 1 abril, 2021

    Alerta Legal: Nuevo Reglamento Procesal de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago

    01 de abril, 2020 / Por Macarena Iturra y Vesna Torrens. Con fecha 1° de abril del presente año, entra en vigencia el nuevo Reglamento Procesal de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje y Mediación (“CAM”) de la Cámara de Comercio de Santiago, el cual deberá aplicarse cuando las partes, a través de un acuerdo de arbitraje, hayan convenido someter una o más controversias bajo las normas del CAM, sea que se utilice expresamente esta denominación u otra de semejante significado. Los arbitrajes que se hubieren pactado en contratos o cláusulas arbitrales suscritas con anterioridad al 1° de abril del presente año, se regirán por el Reglamento Procesal de Arbitraje Vigente al momento de su otorgamiento, sin perjuicio de que las partes, en la primera audiencia que cite el Tribunal Arbitral, podrán acordar someterse al Reglamento vigente al momento de la solicitud de arbitraje. El nuevo Reglamento es similar al que está vigente en el CAM, pero presenta algunas diferencias, las más relevantes las pasamos a analizar a continuación: Se incorporó que el acuerdo de arbitraje debe constar por escrito. Asimismo, se indica que se cumple con tal requisito cuando el acuerdo conste en un documento emanado de las partes o en intercambio de cartas, correos electrónicos u otra forma de comunicación que deje constancia del mismo; Se establecen nuevos requisitos al momento de realizar una solicitud de arbitraje ante el CAM; El plazo de arbitraje fue ampliado a un año, sin posibilidad de prórroga; El plazo del arbitraje ya no se encontrará suspendido durante el mes de febrero; Los días y horas hábiles no sufrieron grandes cambios, a excepción de que en el antiguo Reglamento se consideraban como días inhábiles todos los días del mes de febrero de cada año, lo cual fue eliminado del nuevo Reglamento; En cuanto al idioma del arbitraje, se incorporó de que el mismo será en idioma castellano, a menos que las partes dispongan uno diverso en el acuerdo de arbitraje o en el Acta de Bases del Procedimiento; Se incorporó un artículo que regula la confidencialidad a la que están sujetos los expedientes arbitrales así como también aquella que deben cumplir los funcionarios del CAM; Se incorporó un artículo sobre el uso de medios tecnológicos y de limitación de responsabilidad de los Árbitros y funcionarios del CAM; Se incorporan causales específicas de cese de funciones del árbitro y el procedimiento a seguir en caso de verificarse alguna de éstas; En cuanto a las medidas prejudiciales cautelares, se imponen nuevos requisitos al momento de solicitar el arbitraje; Se establecen nuevas disposiciones acerca de la ejecución del laudo arbitral (sentencia). Se establece una nueva regulación respecto del recurso de reposición respecto de las resoluciones que dicte el Tribunal Arbitral; Se incorporó un nuevo capítulo denominado “Procedimiento Abreviado”, el cual debe ser aplicable cuando la cuantía principal no supere el equivalente a UF 2.000 o al que en el futuro determine el CAM; cuando las partes así lo acuerden o; cuando existan acciones de cuantía indeterminada de forma conjunta con otras acciones que no superen la mencionada cantidad. Las reglas de este procedimiento se encuentran orientadas […]

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  • 1 abril, 2021

    Recordatorio: Vigencia Ley N°21.249

    1 de abril, 2021 / Por Teresa Fernández y Bernardita Doren En el marco de la crisis sanitaria que afecta al país a causa del COVID-19, se promulgó la Ley 21.249, publicada el 8 de agosto de 2020, y posteriormente modificada, que establece que desde el 18 de marzo de 2020 y hasta los 270 días desde la publicación de la ley (esto es, hasta el día 5 de mayo de 2021), las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresa de distribución de gas de red, no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los siguientes usuarios, clientes o beneficiarios: a)  Usuarios residenciales o domiciliarios; b)  Hospitales y centros de salud; c)  Cárceles y recintos penitenciarios; d)  Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; e)  Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores; f)  Bomberos; g)  Organizaciones sin fines de lucro; h) Microempresas de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 20.416 que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño. La norma dispone que las deudas contraídas con las empresas antes mencionadas, entre el 18 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2021, se podrán prorratear en hasta 36 cuotas a elección del cliente, a partir de la facturación siguiente al término de este último plazo, sin multas, ni intereses ni gastos asociados. Solo podrán acogerse a lo anterior los clientes finales que cumplan con al menos, uno de los siguientes requisitos: a)  Encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad, de conformidad al Registro Social de Hogares. b)  Tener calidad de adulto mayor, de acuerdo a la Ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. c)  Estar percibiendo las prestaciones de la Ley N° 19.728 que establece un Seguro de Desempleo. d)  Estar acogido a alguna de las causales de la Ley N° 21.227 que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la Ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción de jornada. e)  Ser trabajador independiente o informal no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios. La utilización maliciosa de la declaración se sancionará de conformidad al artículo 210 del Código Penal. Los requisitos anteriores son únicamente aplicables a los clientes que sean usuarios residenciales o domiciliarios. La norma dispone qué si los beneficiarios de esta ley hubiesen sido objeto de cortes o suspensiones de suministro o servicio, por deuda, la empresa deberá proceder a la reposición inmediata del servicio, sin costo alguno para el usuario. Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras de los servicios en ella señalados, deberán establecer plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular las solicitudes para acceder a los beneficios que la presente ley establece. Lo dispuesto en esta ley permite que los usuarios de inmuebles (incluyendo a arrendatarios, comodatarios, y/o usuarios de […]

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  • 25 marzo, 2021

    Alerta Legal: Libro de Remuneraciones Electrónico

    25 de Marzo, 2021 / Por Luis Parada y Gabriela Andrade. Con fecha 10 de marzo de 2021, la Dirección del Trabajo (“DT”) emitió el Dictamen N° 877/006, que fija doctrina sobre el Libro de Remuneraciones Electrónico (“LRE”). El Libro de Remuneraciones es un registro de naturaleza contable y de carácter obligatorio para aquellos empleadores con cinco o más trabajadores, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 del Código del Trabajo. El Libro de Remuneraciones Electrónico, por su parte, es una plataforma electrónica puesta a disposición de los empleadores en el portal web de la Dirección del Trabajo, y que tendrá el carácter de equivalente en soporte electrónico de Libro de Remuneraciones del artículo 62 citado. Según lo informado por la Directora Nacional del Trabajo, el uso del LRE es voluntario por el momento, sin embargo, en un futuro próximo, probablemente durante este mismo año, será obligatorio para los empleadores, pues la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, ya aprobada por el Congreso y a la espera del control obligatorio de constitucionalidad, faculta a dicho organismo a requerir a los empleadores la entrega electrónica de información laboral y previsional de sus trabajadores. Para efectos del cumplimiento de la obligación de registro de remuneraciones en esta plataforma tecnológica, la DT publicó un manual mediante Resolución Exenta N° 285, cuya entrada en vigencia para todos los efectos fue el 15 de marzo de 2021. Dentro de los principales lineamientos de este nuevo Libro de Remuneraciones Electrónico, se encuentran: Ha sido puesto a disposición de los empleadores en el portal web de la Dirección del Trabajo (www.direcciondeltrabajo.cl). Su objetivo es que los empleadores informen estandarizada y mensualmente los pagos de remuneraciones efectuados a sus trabajadores, con carácter de equivalente en soporte electrónico al Libro de Remuneraciones físico. El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha autorizado e instruido que este libro sea llevado en un sistema electrónico, mediante el uso de la plataforma de la Dirección del Trabajo (Resolución 29 de 9 de marzo de 2021). Su estructura tendrá básicamente las columnas de: Identificación del Trabajador; Haberes; Descuentos; Aportes del Empleador; Totales. El empleador deberá informar de todas las remuneraciones y asignaciones no remuneratorias pagadas en el mes calendario, junto al detalle de los descuentos de origen legal o convencional, mediante carga y transferencia de archivo plano formato CSV o equivalente en el portal web MiDT. La información deberá ser enviada antes de la medianoche del día 15 del mes calendario siguiente a aquel en que se pagaron las remuneraciones. Si recayera en domingo o festivo el plazo se amplía hasta la medianoche del día hábil siguiente. La información entregada a la DT, es compartida en forma instantánea con el SII. Esto permitirá a los empleadores no realizar la declaración jurada anual 1887. Durante el primer año de implementación del LRE, para los empleadores que se incorporen al registro electrónico durante marzo de 2021, estos tendrán plazo hasta el 15 de julio para efectuar la declaración de las remuneraciones pagadas durante enero y febrero de 2021. Adicionalmente, quienes decidan utilizar el LRE durante el presente año deberán declarar las remuneraciones pagadas en el año […]

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  • 19 marzo, 2021

    Alerta Legal: Nuevo Reglamento de la Ley REP: Metas para Envases y Embalajes

    19 de Marzo, 2021 / Por Felipe Bahamondez y Roberta Andreani. El 16 de marzo se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 12 de 2020, que establece metas de recolección, valorización y otras obligaciones respecto de envases y embalajes, los cuales se encuentran definidos como productos prioritarios en la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje. Este Reglamento se suma al Decreto N° 8 de 2019, publicado en enero de este año respecto a otra categoría de productos prioritarios, neumáticos, con lo cual a la fecha restaría la dictación de otros cuatro reglamentos aplicables al resto de los productos prioritarios que contempla la Ley REP: (i) aceites y lubricantes, (ii) aparatos eléctricos y electrónicos; (iii) baterías y (iv) pilas. Respecto a las metas de recolección y valorización para envases y embalajes, el reglamento hace distinciones entre aquellos residuos que son o no domiciliarios, a la vez que establece ciertas reglas comunes para acreditar el cumplimiento de las metas fijadas. En cuanto a los sistemas de gestión, el reglamento contempla sistemas individuales y colectivos y señala que aquellos sistemas colectivos de menos de 20 productores podrán cumplir sus metas de recolección y valorización únicamente con los residuos en que se conviertan los envases que introduzcan en el mercado los productores que componen dichos sistemas de gestión. Uno de los incentivos a la reducción de residuos es la posibilidad de los productores de presentar al Ministerio proyectos de reducción en la generación de residuos, los cuales, en caso de ser aprobados, significarán una disminución en las metas de valorización a la que los productores estarán obligados. Finalmente, el decreto reconoce el rol de otros actores como los Recicladores de Base, Municipalidades o las asociaciones de municipalidades con personalidad jurídica, y otorga lineamientos sobre la forma en que estas deberán regular la materia y llevar a cabo licitaciones. Contactos Para más información, por favor contactar a: Felipe Bahamondez Socio fbahamondez@dlapiper.cl   * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, sin el consentimiento previo de DLA Piper BAZ | NLD SpA. (c) DLA Piper BAZ | NLD SpA 2021.

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  • 8 marzo, 2021

    Alerta Legal: Extensión Ley de Protección al Empleo y Nuevos Topes Imponibles

    08 de Marzo, 2021 / Por Luis Parada, Gabriela Andrade e Ignacio Abogabir. A. Extensión beneficios y prestaciones Ley de Protección del Empleo: Con fecha 6 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial, el decreto Supremo N° 279, de 2021, del Ministerio de Hacienda, el cual extiende la vigencia de los beneficios y prestaciones de la Ley de Protección al Empleo (Ley N° 21.227), y que, además, otorga derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, en los casos que indica. La vigencia de los beneficios y prestaciones de la Ley de Protección al Empleo, es la siguiente: 1. Hasta el 6 de junio de 2021: i. Se extiende la posibilidad de acceder a los beneficios y prestaciones del Seguro de Cesantía, en caso de suspensión de la relación laboral en virtud de un acto de autoridad que imposibilite la prestación de los servicios contratados o por acuerdo de las partes, conforme al Título Ia de la Ley N° 21.227. ii. Se autoriza a otorgar hasta un décimo quinto giro (15) con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, para los beneficiarios de sus prestaciones y cuya relación laboral se encuentre suspendida en virtud de un acto de autoridad que imposibilite la prestación de los servicios contratados. iii. Se extiende, conforme a la Ley de Crianza Protegida (Ley N° 21.247), la posibilidad de suspender unilateralmente por parte de los padres, madres y cuidadores de sus contratos de trabajo, mientras permanezca suspendido el funcionamiento de establecimientos educacionales al que asistirían sus hijos nacidos a partir del año 2013, por acto o declaración de la autoridad competente. Se hace presente que la posibilidad de solicitar la Licencia médica preventiva parental por causa de la enfermedad COVID-19, depende de la vigencia del Estado de Excepción de catástrofe por calamidad pública, asociado a la pandemia causada por el virus del COVID-19. 2. Hasta el 31 de julio de 2021: se extiende la posibilidad de suscribir pactos de reducción de jornada de trabajo. B. Nuevos Topes Imponibles: La Superintendencia de Pensiones ha informado recientemente los montos de los nuevos topes imponibles, vigentes a partir del mes de febrero de 2021. Así, el nuevo tope imponible mensual para calcular las cotizaciones obligatorias del sistema de AFP, de salud y de ley de Accidentes del Trabajo ha sido fijado en 81,6 UF. Por su parte, el tope imponible mensual que deberá considerarse para calcular las cotizaciones del seguro de cesantía, es de 122,6 UF. Los topes imponibles deben reajustarse anualmente cuando el índice de remuneraciones reales que informa el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) registra variaciones positivas, de conformidad a la ley vigente. Los topes imponibles aquí señalados se aplicarán a partir del pago de las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones de febrero de 2021, que deben pagarse hasta el 10 de marzo de este año, plazo que se extiende hasta el 13 del mismo mes si la operación se realiza a través de medios electrónicos. Contactos Para más información, por favor contactar a: Luis Parada Socio lparada@dlapiper.cl   * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en […]

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  • 1 marzo, 2021

    Alerta Legal: CMF: Nuevas excepciones a la inscripción de ofertas públicas de valores

    01 de Marzo, 2021 / Por Diego Noguera y Jorge Timmermann El pasado lunes 22 de febrero, la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) publicó la Norma de Carácter General N°452 (la “NCG 452”), que exceptúa de la obligación de inscripción a determinadas ofertas públicas de valores y modifica la Norma de Carácter General N°336 de 2012, que establece ofertas de valores que no constituyen ofertas públicas, (la “NCG 336”). La norma agrega nuevas excepciones a las ya establecidas por la NCG 345, buscando disminuir los costos de financiamiento, brindando a las empresas de menor tamaño nuevas herramientas para la obtención de recursos del público, mediante la emisión y oferta de títulos. La NCG 452 establece: 1. Ofertas Públicas Exceptuadas. Exceptúa del requisito de inscripción del emisor o valor de las siguientes ofertas públicas: aquellos valores que sólo podrán ser adquiridos por Inversionistas Calificados; aquellas ofertas efectuadas en bolsas de valores nacionales, siempre que el monto total acumulado a ser captado por el emisor u oferente en los 12 meses siguientes a la primera oferta efectuada en bolsa, no supere al equivalente a 100.000 UF, y que el oferente o el emisor cumpla las exigencias de información que la bolsa respectiva haya establecido; aquellas que establecen como requisito para perfeccionar cada operación, que el inversionista adquiera al menos el 2% del capital del emisor de los valores; aquellas cuya finalidad es compensar a los trabajadores; y aquellas que versan sobre valores que conferirán a sus adquirentes el derecho a membresía, uso o goce de las instalaciones de establecimientos educacionales, deportivos o recreacionales. 2. Modificaciones a la NCG 336 Incorpora, dentro de las posibilidades para que una oferta no sea constitutiva de oferta pública, que éstas sean dirigidas a un máximo de 50 inversionistas que no tengan la calidad de Inversionista Calificado. Adicionalmente, agrega, que en aquellas ofertas de valores de instrumentos cuyo valor unitario sean igual o superior a 3.000 UF, no será necesario que se verifique la presencia de Inversionistas Calificados o del máximo de inversionistas señalados en el punto precedentes. Incorpora como posibilidad que la comunicación de la oferta sea realizada en inglés. Modifica el apartado de Responsabilidades y Resguardos, al establecer que las personas o entidades que ofrezcan valores exceptuados de ofertas públicas podrán obtener una declaración de quien adquiera estos valores para que indique qué tipo de inversionista es, y del hecho que ha tomado conocimiento que los valores que serán adquiridos no están inscritos en los registros que mantiene la CMF, y que, por tanto, no podrá hacerse oferta pública en Chile de esos valores. 3. Obligaciones de Información al Público Quienes realicen las ofertas de valores exceptuadas, deberán indicar en la comunicación que se emplea para ofrecer los valores, que la oferta trata de valores no inscritos en los registros que lleva la CMF, y que por tanto, (i) no podrá hacerse oferta pública en Chile de esos valores, y (ii) en caso que el emisor de los valores no esté inscrito en tales registros, que dicho emisor no estará sometido a la fiscalización de la CMF ni a las obligaciones de información continua […]

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  • 27 enero, 2021

    Alerta Legal: Inscripción Automática de Títulos de Deuda

    27 de Enero, 2021 / Por Diego Noguera y Jorge Timmermann Con fecha 25 de enero de 2021, la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), dando cumplimiento al mandato legal establecido en la modificación de la Ley de Mercado de Valores introducida en octubre de 2020, dictó la Norma de Carácter General N° 451 (“NCG 451”), que establece condiciones y procedimiento para inscribir bonos, bonos securitizados, bonos convertibles, efectos de comercio y, en general, cualquier título de deuda de corto o largo plazo bajo la modalidad de registro automático.La NCG 451 establece lo siguiente:1. Condiciones necesarias para la inscripción bajo la modalidad de Registro Automático. La inscripción del emisor en el Registro de Valores debe encontrarse vigente al día del depósito de la emisión cuya inscripción se solicita, y haber estado vigente de manera ininterrumpida durante los 12 meses anteriores a dicha fecha. Si se trata de un fondo mutuo o de inversión fiscalizado por la CMF, al momento de efectuar la solicitud deben contar con el patrimonio mínimo y número de partícipes exigidos por el artículo 5° de la LUF. El emisor no debe haber sido formulado de cargos o sancionado por infracción al artículo 65 de la Ley de Mercado de Valores (ofertas públicas de valores que contengan información que induzca a error) durante los últimos 3 años. No debe encontrarse pendiente el envío de estados financieros. 2. Procedimiento de Registro Automático. Aquellos emisores que cumplan con las condiciones recién mencionadas podrán inscribir los títulos de deuda a través del SEIL, presentando copias digitalizadas de los documentos de la emisión (copia de la escritura pública de emisión del título de deuda, acta de sesión de directorio en la que se acordó emitir el título de deuda e inscribirlo bajo la modalidad de Registro Automático, entre otros), junto con una declaración sobre la veracidad de los documentos, no encontrarse en proceso de liquidación, y el cumplimiento de las condiciones para la inscripción automática. Una vez ingresada la solicitud, la CMF procederá a la inscripción de los títulos de deuda en el Registro de Valores, previo pago por parte del solicitante de los derechos de inscripción. Contactos Para más información, por favor contactar a: Diego Noguera Socio dnoguera@dlapiper.clJorge Timmermann Socio jtimmermann@dlapiper.cl * Ese reporte provee de información general sobre ciertas cuestiones de carácter legal o comercial en Chile, y no tiene por fin analizar en detalle las materias contenidas en éste, ni tampoco está destinado a proporcionar una asesoría legal particular sobre las mismas. Se sugiere al lector buscar asistencia legal antes de tomar una decisión relativa a las materias contenidas en el presente informe. Este informe no puede ser reproducido por cualquier medio o en parte alguna, sin el consentimiento previo de DLA Piper BAZ | NLD SpA. (c) DLA Piper BAZ | NLD SpA 2021.

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